“Mire, el consumo de paco, cocaína o marihuana está despenalizado de hecho”, dice, categórico, un fiscal del conurbano bonaerense. La misma opinión tienen otros integrantes del ministerio público fiscal consultados por PáginaI12. “Yo le aseguro que no hay un solo procesado por consumo en todo el distrito. Las causas se archivan”, jura otro fiscal de Lomas de Zamora.

“Supongamos por un momento que la policía me trae un consumidor de dos gramos de cocaína o de un porro de marihuana –relata ahora un fiscal de San Martín–. Me pregunto: ¿lo dejo detenido una noche?, ¿le tomo declaración al día siguiente? La respuesta es no. Porque le hago perder el trabajo, si lo tiene. Y eso es mucho peor. Voy a tener una persona que ya tiene un problema, que consume droga, al que le agrego un problema todavía más grande: que pase a no tener trabajo.”

El mayor de los absurdos surge cuando se habla de, efectivamente, seguir una causa penal por consumo. “Viene el policía y dice: ‘Este señor estuvo consumiendo cocaína. Le aplicamos el reactivo al polvo y dio de color azul, lo que demuestra que es cocaína’. Sin embargo, para el expediente, ese análisis no basta. Se necesita una pericia, con control de las partes. O sea que el imputado tiene que designar un perito, por una dosis o por un porro, para que se determine si es cannabis o no. Igual, el turno para hacer esa pericia lo dan, más o menos, para dentro de tres meses.”

El que habla ahora es otro fiscal, esta vez de La Matanza. “Toda la noción es un despropósito porque la ley a uno lo pone en la disyuntiva de procesar u obligar a la rehabilitación. Pero la realidad es que procesar no se procesa a nadie. Entonces se envía, en los poquísimos casos en que se detiene a alguien por consumidor, a un CPA, Centro de Prevención de las Adicciones. Empieza ahí el tratamiento, pero en buena parte de los casos lo abandona. Entonces se lo intima a que lo retome, cosa que ocurre muy pocas veces. Se lo vuelve a intimar, pero lo cierto es que nunca se lo procesa.”

“Es que desde el punto de vista legal, también el procesamiento tiene mucha doctrina en contra –afirma el fiscal de San Martín–. Que las acciones privadas de los hombres no son penalmente judiciables, que el policía detuvo por estado de sospecha y eso es inconstitucional. Por uno u otro argumento, la causa se caería. Por lo tanto, no pasa nada. La despenalización es un hecho.”

Los fiscales que dialogaron con este diario son coincidentes: ningún fiscal procesa y la Bonaerense, hoy en día, ya detiene a muy pocas personas por consumo, muchísimas menos que hace uno o dos años. “Los procedimientos que se hacen –coinciden los fiscales– son casi por obligación. Una señora que llama al 911 y dice: ‘Delante de mi casa hay unos jóvenes fumando marihuana’, obligan al patrullero a ir al lugar y llevarse detenidos a los jóvenes. Pero tanto los policías como los fiscales saben que la causa terminará archivada.”

Los fiscales afirman que se percibe mucha actividad de la Bonaerense contra los quioscos de venta de drogas. “En un lugar como Budge, por ejemplo, usted tiene que contar que puede haber diez personas vendiendo en dos manzanas. Ojo, son casi indigentes. No es para nada el perfil del gran narco, ni siquiera de uno mediano. Es más, estoy seguro que lo proveen más de una vez por día, porque los secuestros de paco, por ejemplo, son de cantidades relativamente chicas. Diría que un promedio que varía entre 75 y 200 dosis de paco, que es muy poco, si se considera que un adicto puede consumir numerosas dosis en un solo día”, afirma el fiscal de Lomas de Zamora.

Como se sabe, los fiscales intervienen en los procedimientos. “Nos piden los allanamientos y nosotros estamos. Y por ahí, de los diez quioscos que hay en un lugar, se allanan cinco. ¿Por qué esos cinco y no los otros cinco? Suponemos que porque están arreglados. Es decir que los policías funcionan como una especie de reguladores del mercado. Por supuesto que lo más positivo son los grandes operativos, en los que se secuestra droga en serio, decenas y hasta centenares de kilos. Pero eso se sigue manejando en el fuero federal. Ahí si vale la pena el expediente. En el caso del consumidor, no pasa nada de nada. Cualquiera que trabaje con nosotros se da cuenta de que es mucho más un problema de salud o social, que un problema de Justicia penal. Y por eso está virtualmente despenalizado. Ni la policía quiere detener un consumidor, ni nosotros queremos que nos lo traigan”, redondea el fiscal de San Martín.