Cuatro coaliciones de ONG de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA un duro informe sobre el funcionamiento del régimen penal juvenil en los países del Mercosur. Más allá de las diferencias en la legislación vigente en los cuatro países, las ONG coincidieron en señalar que en todos los casos “se violan tratados internacionales que tienen más de una década de vigencia”, que “no hay programas socioeducativos” para ayudar a la reinserción de los sectores postergados, que “persisten el maltrato y la tortura” en los lugares de detención para jóvenes y que en el marco de “una democracia que aún es frágil” a los “niños y niñas no se los reconoce como ciudadanos”. Los delegados de las ONG dijeron que “control social, penalización de la pobreza y privación de libertad son políticas públicas que aplican los estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan sus territorios”. La presentación se hizo en coincidencia con el debate, en la Argentina, sobre una posible baja en la edad de imputabilidad.

Durante la audiencia, que se hizo a fines de octubre en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, el colectivo de ONG del Mercosur actualizó un informe anterior, entregado en marzo de 2007, sobre la situación de los chicos menores de 18 años que están privados de su libertad en la región. En su exposición, Soledad Cáceres, de la Coordinadora de Paraguay, afirmó que hay “una gran brecha en el campo de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados internacionales” en la materia “y las realidades que hemos observado en nuestras naciones”.

En el caso de Argentina, que en 1994 incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a su Constitución, la situación planteada fue la siguiente: “La pobreza entre niños, niñas y adolescentes menores de 13 años ascendía al 40 por ciento (...), y al 63 por ciento –en el caso más crítico– en la provincia de Corrientes”. El informe, con datos de 2007, aseguró que hay “más de 20 mil adolescentes privados de libertad, el diez por ciento por causas penales y el resto por situaciones de vulnerabilidad y pobreza”. También se denunciaron “condiciones de detención infrahumanas, muertes en institutos y comisarías, y vulneraciones de derechos”.

“Estamos hablando de cuestiones vinculadas con situaciones de delincuencia, pero entendemos que en realidad el proceso punitivo por parte de los estados excedió ese tema y lo que nosotros vemos” es que “lo que se ejerce es una penalización de la pobreza”, declaró ante la CIDH Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina. Pulido sostuvo que las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia “están imbuidas por una lógica de control social” y por eso es necesario “un desarrollo de garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad del Estado”.

También expuso Darío Abdala, de la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DD.HH. y Estudios Sociales (Andhes). Dijo que “la privación de libertad es la principal respuesta que hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática” juvenil. Precisó que los datos estadísticos dicen que “los niños, niñas y adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por ciento en el caso de la Argentina”. El representante del Comité por los Derechos del Niño de Uruguay, Luis Pedernera, advirtió que “la excepción se convierte en regla”, en relación con la privación de libertad de los jóvenes.

La CIDH está preparando un informe sobre régimen penal, en la infancia y en general, que será dado a conocer antes del 5 de diciembre próximo.