En un marco de gran tensión, con una amenaza de bomba y manifestaciones a favor y en contra frente al Palacio Legislativo, los diputados uruguayos empezaron ayer a debatir un proyecto de ley que contempla la despenalización del aborto. Al cierre de esta edición, la sesión continuaba con final incierto: a pesar de que la bancada del oficialista Frente Amplio tiene mayoría y bajó al recinto con la decisión de desafiar la amenaza de veto del presidente Tabaré Vázquez, ningún legislador se animaba a adelantar el resultado de la votación, por las fuertes presiones ejercidas desde sectores conservadores para bloquear la sanción. Los opositores partidos Blanco, Colorado y el unipersonal Independiente adelantaron su rechazo a la iniciativa.

El proyecto, que recibió media sanción del Senado hace un año, establece que “toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez” alegando razones de “penuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”. Más allá de ese plazo, despenaliza el aborto cuando la gestación “implique un riesgo para la vida de la mujer” y cuando se verifiquen malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina. Este derecho se limita a las habitantes de Uruguay, que acrediten fehacientemente su residencia en ese país: es decir, no habilitaría a las argentinas a cruzar el Río de la Plata para acceder a un aborto seguro. Los servicios médicos, tanto públicos como privados, deberán brindar la atención gratuita a sus beneficiarias que la soliciten. La sesión, como estaba previsto, comenzó alrededor de las 16, pero debió interrumpirse poco después por una amenaza de bomba. Una vez reanudada, las barras fueron desalojadas y el recinto quedó sin público, luego de que se generaran disturbios entre partidarias de la despenalización y activistas contrarios a la ley. Así la vigilia siguió fuera del Palacio Legislativo: por un lado, un nutrido “frente social”, que apoya la sanción, formado por organizaciones de mujeres, de jóvenes, de diversidad sexual, integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Central Unica de Trabajadores, entre otras entidades y, por el otro, grupos “pro vida”, que se sumaron a una misa permanente oficiada por un pastor evangélico, en la que se vociferaban consignas de tono agresivo contra quienes defienden la despenalización.

El aborto está criminalizado desde 1938 de Uruguay. La reforma, en realidad, es sólo un capítulo –el segundo– de un proyecto de ley integral de Salud Sexual y Reproductiva, que fija las obligaciones del Estado en esa materia, para garantizar el acceso universal a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

El debate fue abierto por el diputado del Frente Amplio Luis Gallo, quien ofició de miembro informante por el oficialismo. Gallo destacó que el aborto es la principal causa de muerte materna en Uruguay –igual que en Argentina– y que la ley vigente que penaliza a la mujer que decide abortar “nunca desestimuló” esa práctica: “Se siguen realizando entre 20 y 40 mil abortos clandestinos en un país en el que nacen 44.000 niños por año”, señaló. En cambio –continuó–, la criminalización “obliga a la mujer que tiene que tomar tan dramática decisión a hacerlo en la clandestinidad, que obviamente lleva a que no haya controles sanitarios y por lo tanto consecuencias no previstas”. Gallo mencionó que tres cuartas partes de la población del mundo acepta el aborto por voluntad de la mujer, por factores sociales y económicos o por motivos médicos amplios. “En ese grupo se encuentran las democracias más avanzadas”, enfatizó. Y agregó: “Tan solo en el 6 por ciento de los países está prohibido totalmente. Uruguay entre ellos”. En rigor, el país vecino admite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida de la madre, pero en la práctica no se cumplen esas excepciones. Gallo dio diversos argumentos para apoyar el proyecto, entre ellos el hecho de que una legislación restrictiva “genera una práctica discriminatoria” contra las mujeres más pobres que no pueden pagar un procedimiento seguro. A continuación dejaron asentadas sus posiciones contrarias a la despenalización los miembros informantes del unipersonal Partido Independiente y de los bloques de los partidos Colorado y Nacional.

Para exponer sus posturas, a favor y en contra, se anotaron alrededor de 30 diputados, por lo que se especulaba que la votación podría realizarse recién en las primeras horas de la mañana de hoy. El proyecto se aprueba con mayoría simple de los presentes: en total son 99 diputados, con lo cual –si todos estuvieran en sus bancas– se requerirían 51 votos. Se especulaba con que varios legisladores abandonarían el recinto. El Frente Amplio tiene 52 diputados. Pero nadie aseguraba al cierre de esta edición que todos levantaran la mano para apoyar la sanción de la ley. De aprobarse, sus defensores tendrán otra batalla por delante: la del anunciado veto presidencial.