Ayer se cumplió un año del incendio de la Unidad Penal Nº1 de Varones, de Santiago del Estero, en el que murieron 35 internos. Veinte días antes, se cumplían tres años del incendio en la Unidad 28 de Magdalena, en el que murieron 33 internos. Las condiciones que desataron el fuego fueron semejantes: colchones altamente inflamables y que despiden gases tóxicos, hacinamiento, malos tratos, ausencia de equipos de emergencias. El impacto político de cada caso fue inmenso y la responsabilidad final, ante los organismos internacionales, el Estado. Con la idea de que mucho de esto y de las infinitas vejaciones al ser humano que ocurren en los lugares de encierro podrían evitarse con prevención es que se desarrolló, el lunes pasado, un debate en el Congreso sobre la sanción del mecanismo nacional de prevención de la tortura. El Estado argentino está en mora ante las Naciones Unidas por no haber sancionado aún una ley que organice mecanismos independientes del poder político. El debate, organizado por el CELS y la Cámara de Diputados, tiene como horizonte esa sanción.

No hace falta ir tan atrás en el tiempo para descubrir que la tortura en sus diferentes formas es un hábito cotidiano en todas las cárceles del país. Hace menos de dos semanas, en la Unidad 6 San Cayetano, de Corrientes, los presos menores de 21 años, catalogados como menores-adultos, denunciaron el asesinato de un interno, torturas y vejámenes, a manos del Equipo de Tareas Operativas Penitenciarias.

En 2004 el país firmó el Protocolo Facultativo contra la Tortura ante las Naciones Unidas. Dicho protocolo establece la necesidad de crear en cada país mecanismos de prevención de la tortura, capaces de ingresar y verificar el trato a las personas bajo encierro (no sólo en cárceles) con el objetivo de que la prevención es mejor que la sanción por casos detectados. Argentina está en deuda con esta ley.

En la mesa de apertura participaron la diputada del bloque Encuentro Popular y Social, Victoria Donda Pérez, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y Margarita Uprimny, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “En las cárceles, comisarías, institutos de menores y centros de salud mental, el Estado trata a las personas como si fueran de otra especie, privada de derechos –sostuvo Verbitsky–. Allí se producen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los más vulnerables.”

También participó Mario Coriolano, defensor general ante la Casación bonaerense y reelecto por segundo período al Comité Internacional Contra la Tortura, dependiente de las Naciones Unidas. Coriolano defendió la necesidad de la “sanción de la ley que genere un mecanismo de protección creíble” y señaló la importancia de que la puesta en marcha se efectivizara a través de una ley y no sin ese respaldo (citó los ejemplos de México y Costa Rica, en el que el mecanismo fue depositado sobre organismos preexistentes pero sin sanción parlamentaria, lo que provoca serias debilidades en el funcionamiento).

El debate está fijado en las características del mecanismo, quién lo constituirá, sus atribuciones, su independencia, sus alcances, la repercusión de sus dictámenes ante las autoridades y el poder político. Además, en un país federal como éste, el problema es cómo desarrollar en las provincias el compromiso de crear organismos propios que puedan ingresar en jurisdicciones provinciales. Y qué lugar tendrá la sociedad civil. En el debate del lunes se vislumbraron algunas posiciones.

“Desde 2007 no hay propuestas con el tema –dijo Livchatky a PáginaI12–, por eso es importante promover el debate.” Desde principios de año, un importante grupo de ONG, entre ellas el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, ADC, APDH, la Fundación Sur y otras comenzaron a debatir y llevaron al Congreso un proyecto de ley para la creación del Mecanismo, con sus respectivos mecanismos provinciales que tendrán su representación a nivel nacional. Existen, por otro lado, dos proyectos con trámite parlamentario, el de Gustavo Cusinato-Silvana Giúdici (UCR), y el de los oficialistas Diana Conti-Agustín Rossi, aunque en este caso sea a título individual porque el oficialismo no presentó proyecto aún. La más cercana fue la voz de Remo Carlo-tto, quien propuso que el Mecanismo descanse en manos de la Procuración Penitenciaria. La propuesta desata muchas dudas porque no está clara la capacidad de la Procuración de controlar otras jurisdicciones que las cárceles federales, y porque la sociedad civil, la única garantía de transparencia, no quedaría representada de ninguna manera. El debate está abierto, aunque le falta.