El kirchnerismo dio ayer otro paso importante hacia la eliminación del sistema de jubilaciones privadas. Tras algunas modificaciones al proyecto original terminó la redacción de un dictamen de mayoría que también tendrá mañana en el recinto el respaldo en general de las bancadas del socialismo, los ex aristas de Solidaridad e Igualdad y el monobloque de Claudio Lozano, además de los aliados del Encuentro Popular y Social y los radicales K. El oficialismo incorporó a la iniciativa la garantía de que la “totalidad de los recursos” que recibirá de las AFJP será “utilizado para el pago de los beneficios” del sistema previsional integrado, la prohibición de invertir en el exterior el excedente de esos fondos y la creación de una comisión de control que incorpora a los trabajadores y jubilados. El resto de la oposición –UCR, Coalición Cívica y PRO– se mostró dividida con sus propios dictámenes de minoría, incluido un puñado de oficialistas díscolos encabezados por Felipe Solá.

Los cambios al proyecto del Gobierno le garantizaron al bloque K mayor consenso a favor de la media sanción en la Cámara baja. El jueves también lo votarán en general el PS, el SI, los radicales K y el EPyS, a los que se sumarán el Frente Cívico santiagueño y los neuquinos del MPN. Aunque todos mantendrían algunas diferencias en el debate en particular, la abogada previsionalista María América González (SI) y el economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur) firmaron el dictamen oficialista.

El oficialismo incluyó un artículo nuevo (el octavo) en el que se establece que los recursos que recibirán del disuelto sistema de jubilaciones privados sólo podrán ser utilizados para el pago de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino. Lozano y González insistieron en que la redacción incluyera también el flujo posterior de aportes (15 mil millones de pesos anuales) que recibirá el sistema de reparto. La discusión quedó saldada con la inclusión en el texto de “la totalidad de los recursos”.

Allí, también se establece la prohibición de realizar inversiones en el exterior ni de cobrar comisiones. La Anses mantendrá las mismas atribuciones y restricciones que las administradoras privadas para decidir las inversiones del excedente de los fondos del sistema previsional.

El nuevo artículo 12 crea en el ámbito de la Administración de Seguridad Social un Consejo de control que incorpora a jubilados, trabajadores, bancos y empresarios (ver aparte).

En el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto la UCR expuso su propio dictamen, que había sido presentado ante la prensa por los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el jefe del bloque de diputados, Oscar Aguad. Los radicales proponen un sistema “de reparto asistido” que garantice “la capitalización” de los aportantes al sistema privado y que el ente administrador de esos fondos sea el Banco Nación o su AFJP residual. Además, exigen el control de los recursos que manejará la Anses a través una comisión parlamentaria mixta con mayoría opositora. La CC también rechazó el proyecto y llevará al recinto un dictamen que propone una comisión parlamentaria bicameral que en un plazo de nueve meses “presente un diagnóstico que sirva para redactar un proyecto para una reforma integral del sistema previsional”. El peronismo disidente de los hermanos Rodríguez Saá coincidió con el PRO, los demócratas mendocinos y los liberales correntinos en un dictamen a favor del mantenimiento de un sistema mixto residual. En su caso impulsan un sistema de reparto que incorpore a todos los nuevos aportantes, pero que mantenga a quienes “optaron” por el privado, con la opción abierta para el traspaso. Contra todos sus postulados, el macrismo también pidió una comisión bicameral que investigue el accionar de las AFJP.

Solá también buscó el centro de la escena, tomó la palabra e hizo su propio aporte al dictamen que redactó con el oficialista díscolo Enrique Thomas, en que también propone un sistema mixto residual. “Es como el cuento del ‘traca traca’, primero le dan la opción de mantenerse en el sistema privado pero después le dicen que igual ‘traca traca’ y lo obligan a pasarse al sistema de reparto”, soltó el bonaerense. Cerca de Solá afirman que reuniría el apoyo de ocho diputados oficialistas a su propuesta, mientras los K contabilizaron apenas la mitad. El nuevo desaire parece haber extremado la paciencia kirchnerista: Solá y sus seguidores tendrían los días contados dentro del bloque oficialista.

El socialismo mantuvo su dictamen propio. La diputada cordobesa Laura Sesma lamentó “profundamente” que no se haya discutido “una reforma integral al sistema previsional”, pero sostuvo que la posición histórica del PS a favor de un sistema de jubilaciones estatales los “obliga moral y políticamente a acompañar en general el proyecto” que impulsa el oficialismo.

González y Lozano se mostraron más convencidos sobre el eje del proyecto. “Voto este dictamen con plena convicción, con absoluta tranquilidad de conciencia, dedicado a los que luchan con la fuerza de los que no se resignan, que son los trabajadores jubilados. Voto por la eliminación del sistema de capitalización privada que restó ahorros a nuestros trabajadores”, dijo González. “Si se apoya este proyecto, hay 15 mil millones de pesos anuales que van a financiar el sistema previsional público, y no a los bancos. Si se vota en contra se alienta la especulación financiera. Debemos terminar con el negociado institucionalizado de las AFJP”, remarcó el economista de la CTA.