[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Apenas entre dos y cinco horas diarias de clases: ésa es la reducida oferta educativa que reciben los adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal encerrados en alguno de los institutos del país por orden judicial, según un relevamiento nacional realizado en forma conjunta por Unicef, el gobierno nacional y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El 60 por ciento de los establecimientos no les brinda formación laboral y casi el 50 por ciento, ni la posibilidad de realizar actividades deportivas o talleres artísticos. Tan sólo en el 35 por ciento de los lugares de detención pueden jugar. Para estos chicos y jóvenes, la tele es prácticamente la única opción de distracción y entretenimiento. En alrededor de un 30 por ciento no hay libros disponibles. El acceso a una computadora es una opción casi inexistente, más aún a Internet: tan sólo en el 8 por ciento de los institutos hay conexión. En la mitad de los casos no les ofrecen educación sexual y reproductiva, en un tercio de los establecimientos ni siquiera reciben controles de enfermedades de transmisión sexual y VIH.

El informe es una fotografía del sistema penal juvenil en el segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Las sucesivas consultas y visitas realizadas a las provincias con posterioridad al período de análisis indican que los datos se mantienen sin grandes variaciones en la actualidad, señalan los autores del trabajo que se presentó dos meses atrás, pero cuyos resultados vale la pena refrescar, en el marco del debate que se originó por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó mantener en el Instituto San Martín a 60 chicos por cuya libertad se había presentado un hábeas corpus.

En total, se relevaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito. De ese número, 1529 estaban privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controlan; y unos 270 permanecen internados en establecimientos de regímenes semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar. El resto, unos 4495 presuntos infractores, está bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero, la mayoría de esos programas “no está especializado” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.

De todas formas, teniendo en cuenta un probable subregistro, el mismo informe eleva la cifra de adolescentes privados de su libertad a aproximadamente a 2163 y la del total incluido en algún dispositivo por la posible comisión de un delito a 6658.

El estudio se llama Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia. Fue elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Oficina de Unicef-Argentina, con la apoyatura técnica de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Según los datos disponibles, se sabe que del total de detenidos el 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaban encerrados.

Las mujeres representan sólo el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.

En total se identificaron 119 institutos de menores en todo el territorio argentino y para el relevamiento se visitaron 72 de ellos. Para la concreción del informe, se entrevistó a directivos, profesionales, operadores y personal de seguridad. Y también a niños y adolescentes privados de libertad.

“De las entrevistas surge que un importante número de los chicos que hoy están con medidas de privación de libertad han pasado en su infancia por institutos asistenciales por causas sociales, tienen historias de repitencia y abandono escolar. Esto demuestra que las políticas de prevención del delito tienen que arrancar mucho antes que la respuesta judicial, logrando que todos los chicos puedan ir a la escuela y tengan acceso a la salud. Cuando hay déficit en la satisfacción de esos derechos, aparece una señal de alarma: un porcentaje, aunque muy chico, de esos adolescentes desatendidos va a tener problemas con la ley penal. Pero la privación de la libertad tiene que ser la última medida”, señaló a Página/12 la abogada Gimol Pinto, especialista de Protección de Derechos de Unicef (ver aparte).

¿Han crecido los delitos cometidos por adolescentes? El relevamiento nacional encontró que el promedio diario de chicos menores de 16 años en establecimientos penales juveniles es de alrededor de 300, una cifra que representa menos del 20 por ciento del total incluidos en dispositivos penales. Sobre ellos es que algunos sectores –liderados por el gobernador Daniel Scioli–, pretenden aplicar mano más dura.

Aquí van algunas cifras –tal vez un tanto aburridas, pero necesarias– para arribar con mayores certezas a una respuesta, sin guiarse por la sensación de inseguridad que fogonean ciertos medios. Las estadísticas que pueden observarse en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires muestran que en el año 2000 se abrieron 23.105 causas penales en todos los tribunales de menores bonaerenses, al año siguiente 24.767, según datos suministrados desde la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia. La cifra siguió en aumento hasta el año 2004, en el que se abrieron 31.883 causas. En los tres años posteriores los números indican 29.548, 31.602 y 29.371 causas, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Es decir, se verifica un aumento de la cantidad de causas que se abren a personas menores de edad de alrededor del 37 por ciento en el período 2000/2004, pero luego se produce un “amesetamiento” con leve tendencia a la baja en el período 2004/2007.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, y tomando como fuente al Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) se observa que en los Tribunales Orales de Menores tramitaban, en el año 2003, 2784 causas, cifra que al año siguiente (2004) sube a 3323 y que, en los tres años siguientes, arroja también cierta estabilización (3630 en 2005, 3959 en 2006 y 3521 en 2007). De ello se desprende que la variación en el período 2004/2007 es un aumento cercano al 5,9 por ciento. Siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, el total de personas menores de 16 años que en lo que va del año 2008 fue imputada de homicidio o tentativa de homicidio asciende a uno. De los datos del relevamiento nacional, surge que en el segundo semestre de 2007, en todo el país, había 202 adolescentes de hasta 18 años, privados de su libertad e imputados de homicidio o tentativa de homicidio.