“Lo que hace falta” para terminar con la inseguridad, según definió ayer el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, “es una política de Estado en materia de seguridad en las calles”. El ministro se refirió al tema dos días después del crimen del policía Aldo Roberto Garrido en San Isidro y pidió trabajar en cosas más concretas. “Estamos siempre haciendo grandes debates que en realidad no tienen mucho sentido”, reflexionó el magistrado, en su intento de desplazar la discusión entre el reclamo de mano dura o el garantismo.

“Tendríamos menos delitos si tuviéramos una política constante en materia de seguridad”, recomendó Lorenzetti, quien el martes, al inaugurar el período 2009 de la Corte Suprema instó a sus colegas a “proteger a los más vulnerables”. En este sentido, el magistrado también resaltó la importancia de “coordinar las políticas públicas” en la materia. “Lo que hace falta es trabajar todos los días para que el Estado funcione bien, y con participación ciudadana, que es clave”, sentenció el titular del máximo tribunal judicial de la Nación.

Por otra parte, y ante el avance de las posturas más radicalizadas, Lorenzetti estimó que “discutir sobre la pena de muerte en la Argentina no tiene, hoy, ningún sustento legal. Tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos prohíbe imponer la pena de muerte, más allá de que con la pena de muerte no se logra nada”, opinó e insistió: “Lo que sí hace falta es una política de Estado en materia de seguridad en las calles”.

En otro tramo de su declaración, hecha durante un programa de radio, el magistrado trazó, a su parecer, los ejes de la problemática de la inseguridad. “La gente reacciona, los problemas no se solucionan y, por el contrario, se reiteran, y cada vez que se reiteran la gente reacciona abruptamente. El problema no es la reacción ni el reclamo de un derecho legítimo. El problema es que el Estado en todos sus ámbitos, e incluyo al Poder Judicial, funcione bien”, postuló Lorenzetti.

Según el titular del Alto Tribunal, el punto de partida no es mejorar los organismos de represión sino implementar políticas públicas concretas, destinadas a la prevención de la exclusión social. “Así tendríamos menos delitos. Si tuviéramos una política constante sobre seguridad con la policía y si los jueces también actuaran, tendríamos menos delitos”, agregó el ministro, cuyo colega, Eugenio Zaffaroni, había polemizado con el gobernador bonaerense Daniel Scioli por considerar “preocupante” el grado de autonomización de las fuerzas policiales y sus consecuencias: la corrupción y el abuso de autoridad.