El secuestro de Leonardo Bergara motivó todo tipo de especulaciones. Y, tal como anunció este diario, desató la movida que terminó desplazando al jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo. Hace dos semanas un testigo de identidad reservada señaló como partícipe a un empresario de la localidad de Quilmes, que también estaría mencionado en la causa del triple crimen de General Rodríguez. También se habló de autosecuestro y de una conspiración policial para perjudicar la reputación de los cuatro uniformados que fueron detenidos durante la investigación. El martes pasado fue detenido el primer civil en un caso en el que promediaban todos uniformados. Se trata de un hombre de Villa Gesell, al que le encontraron el celular usado por los captores para guiar el pago del rescate el 23 de enero. Finalmente fue liberado.

Durante los 33 días que estuvo en cautiverio Bergara, el empresario dedicado a la importación de productos electrónicos, los investigadores se mostraron sorprendidos por la capacidad operativa de los secuestradores y su profesionalismo, tanto en la negociación con la familia como en la forma en la que cobraron el rescate. Bergara fue raptado el 22 de diciembre por cuatro hombres con uniformes de policías, cuando salía en su camioneta junto a su esposa de su casa, en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui.

Al día siguiente, sus familiares recibieron el primer llamado extorsivo. Los secuestradores pidieron un millón de dólares para liberarlo. Tres días después el monto fue renegociado y los captores accedieron a bajar el monto a 500 mil dólares. La familia negoció, curiosamente sin admitir la participación oficial. A través de Gustavo Bergara, hermano de Leonardo, que se instituyó como negociador, ofrecieron 200 mil pesos pero la oferta fue rechazada. Dos días antes de Año Nuevo, los captores pasaron una grabación a la familia, donde se oyó a Leonardo leyendo la noticia del hallazgo de un galeón español en Puerto Madero. La prueba de vida fue tomada como válida y la negociación se abrió nuevamente.

El 6 de enero comenzó una seguidilla de detenciones de uniformados presuntamente vinculados con el secuestro. Los primeros son el capitán de la Distrital de Berazategui, Juan Cardozo, y el teniente Víctor Ariel Vega, a quien durante el allanamiento en su domicilio le encontraron seis kilos de marihuana. A la semana siguiente, el teniente Maximiliano Costa fue apresado luego de quedar implicado por un entrecruzamiento de llamadas. Ese mismo día, Cardozo salió libre por falta de mérito. El mismo destino correría Néstor Ocampo, un ex policía con antecedentes penales, quien fue capturado a pedido de la fiscalía, pero no fue reconocido por la mujer de Bergara como uno de los autores materiales del secuestro.

Sin embargo, estas detenciones no afectaron el funcionamiento de la banda, que siguió negociando con una profesionalidad admirable y de evidente cobertura, mientras la Justicia procesaba a Vega y Costa por “secuestro extorsivo”. El primero también afrontó la calificación de “almacenamiento de estupefacientes”. El monto final del rescate quedó en 200 mil dólares más joyas por el valor de 100 mil pesos. El 19 de enero aparece la segunda y última prueba de vida, antes del rescate, que obligó al hermano de Leonardo Bergara a conducir alrededor de 350 kilómetros hasta llegar a unas dunas en Pinamar y hacer el pago.

La liberación de Bergara sucedió en la propiedad de un policía, Jorge López, quien terminó procesado. Al tiempo se sumaron otros uniformados: Roque Luján, ex jefe de la Distrital Berazategui donde trabajaba Cardozo, quien fue liberado al igual que su subordinado, y José Pardini, dueño del Renault 9 en el que secuestraron a Bergara. Los propios investigadores admitieron entonces que “no hay estructura civil para poder manejarse de esta manera”. Sin embargo, el martes pasado fue detenida en Villa Gesell una persona que no pertenece ni perteneció a las fuerzas de seguridad. Esta detención podría haber avalado la teoría de una “banda mixta”, pero tanto la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo como el juez Luis Armella no encontraron elementos de prueba suficientes como para mantenerlo preso.

Hay varias versiones que circulan sobre este caso. Una de ellas es la del autosecuestro, debido a deudas de juego o por la compra de un bien que haya mantenido la familia. En este sentido, se especula con que los acreedores de la familia habrían contratado a una banda de policías, de calidad garantizada, para cobrar la deuda. Por otra parte, los uniformados que quedaron procesados denunciaron ante la prensa ser víctimas de “una interna policial”. Otra versión vincula a un empresario mencionado en el triple crimen, a quien el difunto Sebastián Forza le facilitó contactos para obtener la portación de armas ilegalmente. Aunque las mismas fuentes judiciales que sugirieron la relación admitieron “no haber llegado a nada concreto”.