Ailén tiene sólo 2 años, pero ya conoce la faceta más silenciada del cultivo de soja: cuando tenía cinco días de vida sufrió su primera intoxicación con agrotóxicos. Desde ese momento, cada fumigación es un camino directo al hospital, y todos los días recibe un cóctel de medicamentos para poder respirar. Ailén tiene los ojos color miel y la tez blanca, vive en San Jorge, centro-oeste de Santa Fe, pleno corazón del monocultivo, y su casa está a diez metros de una plantación de soja. Cada vez que las avionetas rocían los campos, se repiten las alergias, intoxicaciones y problemas respiratorios. En base a estos padeceres y estudios médicos, la Justicia acaba de prohibir las fumigaciones con el agrotóxico Roundup, pilar de la industria sojera mundial y propiedad de la multinacional Monsanto. La medida privilegia la salud por sobre la actividad económica. Los productores agropecuarios santafesinos estuvieron lejos de aceptar el fallo: marcharon hacia el juzgado en defensa de las fumigaciones.

San Jorge está ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Viven 25.000 personas y se la conoce como la “capital de la industria alimentaria”, por su pasado con gran variedad de cultivos, aunque desde hace una década reina la soja. En el barrio Urquiza, en las afueras de la ciudad, frente a campos con la oleaginosa, predominan las casas bajas aún sin terminar. “No estamos contra los sojeros, sólo queremos cuidar a nuestros hijos. Y todos acá sabemos que cuando fumigan, los chicos sufren”, resume Viviana Peralta, mamá de Ailén e impulsora del recurso de amparo, que fue acompañada por otras veintidós familias y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat).

El juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11– hizo lugar al amparo el lunes último y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el Municipio se hagan eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinen qué zonas pueden ser rociadas con agrotóxicos.

La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez provincias y tiene nombre y apellido: Soja RR, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato, herbicida vendido por la misma empresa. El químico se rocía sobre la maleza, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para el hombre. La abogada patrocinante, Gabriela Ferrer, piensa diferente. “Los cuadros de broncoespasmos se agravan en épocas de fumigación. Los médicos han recomendado abandonar las casas cada vez que haya fumigaciones. Aunque se encierren en sus viviendas, se repiten durante días los dolores de cabeza, los problemas de garganta y la irritación de ojos”, detalla en la presentación judicial, que apunta contra los productores sojeros, la Municipalidad de San Jorge y el Ministerio de Producción provincial –que rechazó hablar con este diario–. Ambos espacios gubernamentales son responsables, por ley, de delimitar qué zonas deben ser destinadas a cultivos y qué espacios estar libres de agrotóxicos.

El amparo también avanza contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. “Según el Senasa, el principio activo del glifosato está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico, pese a que investigadores nacionales e internacionales han probado su alto grado de toxicidad y sus nefastas consecuencias sobre la salud”, detalla el amparo.

Las familias denunciantes y el Cepronat forman parte de la campaña “Paren de Fumigar”, iniciativa que denuncia los efectos sanitarios de los agrotóxicos y busca detener el uso de herbicidas perjudiciales a la salud y al ambiente. Su fundamento es el artículo 41 de la Constitución nacional. “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.”

Ayer a la tarde, tres días después de la prohibición judicial, Viviana Peralta (la impulsora de la denuncia) aún no había salido de su casa por temor a represalias. El pueblo, zona de monocultivo por excelencia, estaba convulsionado por el veto a las fumigaciones. Los productores sojeros no paraban de llamar a las radios locales, criticaban a las familias fumigadas y hasta se reunieron fuera del juzgado, para exigir que el juez se retracte.

“Los ‘gringos’ (productores de soja) andan diciendo por todos lados que nosotros dejamos mal parada a la ciudad. Es mentira, sólo queremos cuidar la salud de nuestros hijos”, explica, preocupada, la mamá de Ailén. “Soy nacida aquí. Mis seis hijos nacieron aquí. Siempre vivimos tranquilos, pero desde que llegó la soja todo cambió. Ya no se puede vivir por el veneno y no se puede hablar mal de la soja porque te saltan encima, te declaran enemigo. Les importa más el dinero que la salud de nuestros hijos”, lamenta.