Formosa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias que ya cuentan con fallos que prohíben fumigaciones con Roundup, el herbicida imprescindible para la producción de soja, pilar del modelo de agronegocios. Aunque los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las comunidades afectadas denuncian desde hace diez años los efectos ambientales y sanitarios, tuvieron que pasar cientos de denuncias para que la Justicia comience a reconocer los efectos del químico. La abogada Gabriela Ferrer, que presentó el reciente amparo en San Jorge, reconoció que en tres días la contactaron de una decena de pueblos, y advirtió la posibilidad de nuevas presentaciones.

“La incapacidad práctica del Estado para evitar que los plaguicidas lleguen hasta las personas sólo puede morigerarse con la fijación de prohibiciones totales de aplicación agrícola de todo tipo de agroquímicos en las plantas urbanas, y en franjas periurbanas”, afirma su recurso de amparo. En 2007, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ya era rotunda: “La contracara de la supuesta bonanza de soja es la presencia de monocultivo hasta en las primeras calles de las localidades, sometiendo a los habitantes a la fumigación directa”.