En junio pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de una visita a distintas cárceles bonaerenses, hizo una dura crítica a las condiciones de detención que sufren los internos allí alojados. Ahora, y salvando las distancias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –entidad de la que no se recuerda un pronunciamiento sobre la situación de los seres humanos que están presos– ha denunciado que los “perros judicializados” por haber mordido a alguien o porque sus dueños han sido desalojados son derivados por los jueces al Instituto Pasteur, donde los canes “son sometidos a tratos degradantes cuando quedan en custodia” en ese lugar, ubicado en Díaz Vélez al 4800. Esto demostraría que, en la Argentina, estar preso es un calvario, se trate de un humano o de un animal.

La Asociación de Magistrados afirmó que la internación de los animales es decidida por jueces que intervienen en casos de denuncias contra perros que han mordido a personas o cuyos dueños fueron desalojados de sus casas y no están en condiciones de cuidarlos. La asociación sostuvo que el Instituto Pasteur “no cuenta con las condiciones para tener (...) animales alojados por meses, ya que las jaulas, sucias, chicas, fueron construidas para diez días de observación antirrábica. En realidad no son adecuadas ni siquiera para eso: tras 50 años de construido, el estado de las instalaciones es lamentable”.

La entidad que agrupa a los magistrados intervino ante una presentación de la Asociación Protectora de Animales de Vicente López. Miembros de la Asociación de Magistrados visitaron el Instituto Pasteur, para tomar conocimiento de la situación denunciada por los proteccionistas. Los perros, en este punto, tuvieron más suerte que muchos presos, a los que se les hace difícil conectarse con los jueces.

Los jueces corroboraron que en esas jaulas miserables, los perros “miccionan y defecan junto con su comida y duermen sobre sus excrementos, lo que les produce laceraciones en la piel de las que no son tratados ya que no se los toca jamás. La forma de limpiar las jaulas es manguereándolas con el animal adentro, el cual queda totalmente mojado, sin importar la temperatura ambiente”.

Es valorable la preocupación de la Asociación de Magistrados y su grito de alerta por la situación de animales que no deberían ser penalizados –al menos no de esa manera– por sus actos instintivos. De todos modos, llama la atención que la entidad denunciante sea presidida por Ricardo Recondo, criticado porque ha defendido públicamente a jueces como Juan Rodríguez Basabilbaso, cuestionado por dictámenes en los que pidió, como fiscal, el sobreseimiento de personajes como el general Ramón Camps o el comisario Miguel Etchecolatz, condenados por crímenes de lesa humanidad.

Es increíble la similitud entre lo que ocurre en el Pasteur y en las cárceles bonaerenses. El informe de la CIDH, de junio pasado, dice que el trato degradante a los presos sigue vigente hoy. La CIDH expresó su “preocupación por el conocimiento de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, entre ellos las “golpizas fuertes, las duchas frías” y lo que se llama en la jerga interna “la ‘falanga’ o ‘pata-pata’, que consiste en aplicar golpes (a los presos) en las plantas de los pies”.

Los magistrados, por su parte, describen las consecuencias que tiene el maltrato de los animales, cuyos músculos “se van atrofiando por falta de movilidad”, mientras que “el nivel de stress les baja las defensas” y por esas razones “quedan postrados, lo que les produce infecciones y parasitosis, que terminan después de mucho sufrimiento, con su vida. No reciben atención veterinaria (...) ya que las autoridades del Instituto Pasteur alegan que los animales están por orden judicial”.

La asociación recomendó a sus jueces afiliados que cuando se trate de “perros judicializados” por muerte de su dueño, vean la posibilidad de dejar al animal con un familiar del fallecido o que lo lleven al Pasteur sólo por diez días. Un último párrafo debe recordar un episodio ocurrido en el Pasteur: en 1998, 30 vecinos indignados, armados con piedras y palos, atacaron las instalaciones de Díaz Vélez al 4800, para denunciar públicamente que allí “se asesina a perros y gatos”.