Un grupo de legisladores porteños respaldados por trabajadores y organizaciones sociales que forman parte del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones sociales dieron ayer una conferencia de prensa en la Legislatura porteña para respaldar un proyecto de ley que declara “la emergencia de los servicios de protección de derechos” de la infancia en la ciudad. El proyecto será presentado hoy, y además de declarar en emergencia los programas y servicios del Consejo también denuncia la misma problemática en la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto de ley promueve la creación de un fondo de emergencia que permita fortalecer y ampliar los programas en emergencia de las dos áreas, que funcionan con presupuestos “sobreejecutados, ya que se asignó un monto escaso, que no alcanza al dos por mil del presupuesto total de la ciudad”, apuntó la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), impulsora del proyecto.

“El alerta que venimos dando sobre el sistema de protección integral ya es una emergencia, mientras la ministra de Desarrollo Social (María Eugenia Vidal) no puede dar respuesta de la política de infancia que tiene el gobierno de la ciudad”, apuntó Nora Schulman, integrante del Consejo por Casacidn. El último grito lo habían dado los trabajadores del Consejo en un abrazo simbólico a la defensoría zonal de Barracas, dos semanas atrás, pero no hace falta recurrir al archivo. Ayer, la legisladora Gabriela Alegre (Encuentro Popular por la Victoria) denunció que la línea 102, que de manera gratuita recibe denuncias de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes no funciona desde el sábado.

El proyecto de ley respaldado por Laura García Tuñón (Proyecto Sur), María José Lubertino (Encuentro Popular por la Victoria), Diana Maffía (Coalición Cívica), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Rubén Campos (UCR) propone como primera medida para solucionar la situación de emergencia de los servicios y programas del Consejo y la dirección de niñez “la incorporación de profesionales y operadores sociales y administrativos”.

A modo de ejemplo, el proyecto grafica la situación del programa de Guardia de Abogado, que recibe durante las 24 horas las demandas de cualquier organismo de Estado que atienda a un niño en situación de vulnerabilidad de derechos y con mayor intensidad desde la aplicación de la nueva Ley de Infancia (26.061). “La guardia sigue atendiendo con dos abogados por día para toda la ciudad”, denuncia el documento y apunta que ocurre lo mismo en el caso de los operadores sociales que acompañan la guardia.

“Los programas están colapsados porque se incrementaron y complejizaron las demandas y no han aumentado el personal ni jerarquizados sus tareas y salarios. El gobierno no cierra los programas pero tiene un modo perverso de ahogarlos”, sentenció Tuñón. Ante esa situación, el proyecto propone la creación de un fondo de emergencia que se abastezca de la reasignación presupuestaria del dinero subejecutado por la Jefatura de Gobierno. De está manera, se intenta aumentar el presupuesto en siete millones de pesos para las dos áreas y acompañar el fortalecimiento de los programas con un aumento del sueldo para psicólogos, abogados y operadores de calles.

Durante la conferencia, Naddeo denunció que “los ministerios de Salud y Desarrollo Social tardan semanas en dar respuesta a las solicitudes hechas por los programas de atención y a los informes de gestión”. Mientras que la titular de Feim y vocal del Consejo, Mabel Bianco, indicó que “hay falta de voluntad política y no de presupuesto”. La afirmación la justificó con las repetidas faltas de los funcionarios a las reuniones del Consejo, la falta de aplicación de la ley de Educación Sexual y “la baja de recursos en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que repercuten en el aumento de la maternidad adolescente. Por eso, legisladores y organizaciones también respaldaron la presentación de un pedido de informe referente a las acciones de gobierno frente al embarazo adolescente.

Informe: Nahuel Lag.