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El mundo taurino español y sus aliados políticos intentarán anular la prohibición de las corridas de toros votada el miércoles en Cataluña y prevenir posibles contagios, poniendo el caso en manos de los tribunales. “Vamos a dar la gran batalla contra esta medida inadmisible”, dijo ayer el empresario taurino Luis Alvarez, uno de los fundadores y responsables de la Mesa del Toro, asociación profesional de defensa de la tauromaquia.

Para el empresario, la prohibición que debe entrar en vigor en 2012 es “inconstitucional” y Cataluña no tiene el derecho de “abolir las corridas, sino que solamente puede regularlas. En tanto, el Partido Popular, defensor de la corrida, ya dijo que estudiaba presentar un recurso en tal sentido ante el Tribunal Constitucional, junto a una “Plataforma de la promoción y difusión de la fiesta”.

El líder del PP, Mariano Rajoy, anunció que intentará hacer adoptar por el Congreso de los Diputados una declaración para que la tauromaquia sea considerada “bien de interés cultural”, lo que la protegería de posibles prohibiciones regionales, incluida Cataluña. Al respecto, varias regiones autonómicas dirigidas por el PP, sobre todo Madrid y Valencia, anunciaron recientemente su intención de inscribir la actividad en su “patrimonio cultural” para defenderla mejor.

Todo hace prever que de aquí en más la lucha será encarnizada entre los pros y anti taurinos durante los dieciocho meses que separan el voto del Parlamento catalán de la aplicación de la prohibición, vigente desde el 1º de enero de 2012. Según el diario ABC, numerosos mensajes de texto comienzan a circular por España en los que se insta a un boicot de productos catalanes, como una reacción a la medida considerada “antiespañola”, en contra de la “Fiesta nacional”.

La prohibición de Cataluña provocará una “toma de conciencia y una movilización” del medio taurino, que no supo defenderse en España tan bien como en Francia, sostuvo el empresario francés Simon Casas, muy activo en la península ibérica.

Más allá de la prohibición catalana, los defensores de la tauromaquia quieren asegurarse de que no se extenderá como una mancha de aceite y de que no amenace una actividad que genera varios millones de euros de ingresos anuales y decenas de miles de empleos.

Por su parte, los grupos de defensa de los animales anunciaron que continuarán sus ofensivas contra la “barbarie” y la “crueldad” de las corridas, y esperan aprovechar la dinámica del voto histórico en Cataluña, sobre todo en las Islas Baleares (noreste) y Asturias (noroeste). Sin embargo, tendrán poco éxito en los bastiones de la tauromaquia española, como Madrid, Andalucía, Valencia e incluso el País Vasco.