El proyecto sancionado en el Senado para dar educación en cuarteles a pobres voluntarios, jóvenes, mantiene el suspenso antes de su ingreso en Diputados. Su sombra ya motivó rispideces, silencios y durísimos cuestionamientos de especialistas y de diputados de la Comisión de Educación a la que, según la lógica común (no la que se siguió en el Senado), debería ingresar en primer término. Si llegara a cumplir con su objeto formalmente anunciado, la educación, debería ingresar a esta comisión en la que no le espera un camino sencillo: compuesta por unos cuantos especialistas de primera línea en educación pública no militarizada, unos cuantos de ellos anticiparon que rechazarían por “bárbara, horrorosa, absurda y retrógrada” la propuesta. Para peor, la otra área que debería tener participación, Defensa, por tratarse de espacios del Ejército, reiteró su rechazo en boca de la ministra Garré: “Es literalmente un disparate inviable”.

El proyecto, que salió con media sanción en el Senado, no había ingresado formalmente en Diputados y no tenía adjudicada comisión de inicio de su trámite. La de Educación, que es donde debiera ingresar si el planteo educativo fuera verídico, está presidida por Adriana Puiggrós, del FpV, ausente del país, pero cuyo entorno adelantó a este diario la certeza de que rechazará el proyecto. Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, socióloga e investigadora del Conicet, también integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que “es la contracara de la penalización de los jóvenes en situación de riesgo, una idea distractiva para que dejen de robar, cuando si roban son el último eslabón. Ningún chico mata para robar un auto y después salir con su novia. Mata para entregar el auto a una cadena de desarmado y reventa de las piezas, cubierta por la policía y los políticos, conocida porque nadie tiene un desarmadero en su dormitorio. Hay que actuar sobre las causas y no sobre los efectos, como están proponiendo con este proyecto”.

En la misma comisión ya descuentan la posición del oficialismo, que rechazó en bloque el proyecto en el Senado, o especialistas que integraron cargos o tienen proximidad con la especialidad en diferentes niveles de la educación en diferentes provincias y en la Nación.

Por su lado, fuera del Congreso, la directora ejecutiva del Casacidn, la entidad encargada de la vigilancia de los derechos de la niñez en el país, dio su perspectiva crítica: “Esta barbaridad tiene relación con lo que decían ustedes de la policía juvenil la semana pasada. Se usa la misma excusa, la de solucionar el problema sacando a los chicos pobres de la calle. A esos chicos a los que no se les da la posibilidad de acceso a las políticas públicas, se les inventa una política diferencial. Es una aberración, es la exclusión en la exclusión. ¿Les quieren enseñar oficios? Escuelas técnicas hay muchísimas en el país y de primer nivel, pero ahí no se pretende llevarlos”.

La ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “inviable, literalmente un disparate sin criterio. Subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes. Es la vieja idea de que el orden, la jerarquía, autoridad y mecanismos más duros van a mejorar la conducta de los jóvenes”. Y agregó que “en el caso de los soldados voluntarios, que están diez años en la fuerza, la gran mayoría de ellos no tiene el secundario terminado, porque las fuerzas no están prepararadas para darles ese estudio secundario en todos esos años”.

También la Junta Ejecutiva de Ctera y la Secretaría de Derechos Humanos de CTA repudiaron el proyecto por discriminatorio.

Al mismo tiempo, del lado de la oposición, especialmente del radicalismo que llevó adelante el proyecto, no se logró obtener ninguna posición a favor del proyecto. Sólo un incontrastable silencio.

Unos días antes de que el Senado diera media sanción a la solución de acuartelamiento educativo para pobres, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a relatar su experiencia a la pediatra mendocina Viviana Zavala, directora mientras funcionó, del SCV en su provincia. Para demostrar la profunda veta educativa de la propuesta, la médica mencionó el proyecto “es un tema prioritario para la prevención de la delincuencia”. Ningún otro proyecto logró lo que éste: enviar chicos a un cuartel pseudoescuela no como proyección de sus vidas, sino para evitar que roben. En una provincia cuya principal cárcel llevó a la Argentina ante los tribunales internacionales por la horrorosa situación de sus presos, la preocupación no parece ser qué será de las vidas de los internados, sino poner a buen resguardo los propios bienes.