Patricia Rolón trabaja de maestra primaria en la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre de 2007 cesó en un cargo suplente en la Escuela Nº 23, pero el gobierno de Mauricio Macri le siguió pagando el sueldo por error durante cuatro meses. Rolón dio aviso a su Distrito Escolar y en octubre de ese mismo año le reclamaron 3470 pesos y le ofrecieron un plan de facilidades de pago. Ella aceptó que fuera en seis cuotas y pensó que se lo iban a descontar en los meses siguientes, pero no tuvo novedades hasta que la semana pasada recibió una notificación donde la intiman a pagar y le informan que la deuda se elevó a 5909 pesos. Eso es porque recalcularon el monto inicial incluyendo un interés resarcitorio del 2 por ciento mensual consolidado al 30 de septiembre y un interés adicional del uno por ciento mensual por la financiación en cuotas. “Ellos cometieron un error, demoraron casi dos años en solucionarlo y ahora encima exigen intereses. Si no dan marcha atrás vamos a ir a la Justicia”, aseguró Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

El error en la liquidación de los haberes de Rolón motivó la apertura de un expediente en 2008 cuando la propia maestra solicitó facilidades de pago para cancelar la deuda. El gobierno autorizó ese pedido de financiación recién el 31 de marzo de este año a través de la resolución 996 firmada por el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Allí el funcionario remarca que la propuesta contempla intereses resarcitorios del 2 por ciento mensual desde la fecha del depósito hasta la firma de la resolución. De ese modo, la deuda pasó de 3470 a 5291 pesos. No obstante, luego hubo dos resoluciones más de la Dirección General de Rentas, donde se sumaron los intereses financieros y se recalcularon los resarcitorios. Eso terminó elevando el monto final a 5909 pesos al 30 de septiembre, un 70,3 por ciento más que la deuda original.

“En octubre de 2008, en la Dirección General de Rentas me ofrecieron un plan de facilidades de pago, pero en ningún momento me aclararon que ese plan de facilidades era con intereses si no, no lo hubiera aceptado”, aseguró a Página/12, Patricia Rolón, quien en los próximos días hará una presentación exigiendo que se anulen esas resoluciones. “No es la primera vez que me liquidan mal. Durante la gestión de Ibarra, una vez me pagaron 1100 pesos de más, pero a los tres meses me lo empezaron a descontar sin cobrar intereses”, agregó. Eduardo López aseguró a este diario que UTE le planteó la situación al ministro de Educación, Esteban Bullrich, pero por ahora no hubo respuesta. “Si no dan marcha atrás vamos a ir a la Justicia. Es vergonzoso que quieran lucrar con los docentes”, sostuvo el gremialista.

En el caso de Patricia Rolón lo ocurrido es paradójico porque el gobierno le reclama intereses por una deuda que se generó por errores de la propia administración pública comunal y, al mismo tiempo, esa misma administración le adeuda a la maestra un conjunto de asignaciones que le corresponden cobrar por tener un bebé de apenas tres meses. “En diciembre, cuando cumplí tres meses de embarazo, presenté los papeles para cobrar la asignación prenatal, los volví a presentar en marzo porque los perdieron y todavía no cobré nada”, remarcó. La asignación prenatal es un subsidio que las mujeres deben recibir durante la gestación de su embarazo. Sin embargo, Rolón pasó todo ese período sin cobrarlo. Una vez que tuvo a su hijo tampoco cobró la asignación por nacimiento de 200 pesos y la asignación por hijo de 70 pesos por mes, pero ahora el Estado se hace presente a través del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, para reclamarle intereses por un dinero que nunca pidió.

En UTE también contrastan esta situación del cobro de intereses en los casos en que se paga de más con los problemas que sufren cientos de docentes por las demoras que existen en la liquidación de los sueldos. “Ellos quieren cobrar intereses por el tiempo en que algunos maestros y profesores tuvieron a su disposición plata que cobraron de más, pero no actualizan el salario tomando en cuenta la inflación cuando se demoran en los pagos y son muchos más los casos en que se registran demoras que en los que pagan de más”, afirmó López. El secretario general del gremio puso el ejemplo de la Escuela Media Nº 5 de Villa Soldati, donde 20 docentes sobre un total de 80 están sin cobrar desde que tomaron sus cargos en marzo de este año. El 1º de marzo, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, firmó un acta donde se comprometió a solucionar los problemas de atraso en la liquidación de haberes en un plazo no mayor de 60 días, pero en el gremio afirman que no hubo avances.