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El desalojo de mapuches en tierras adquiridas por José Martínez Pérez, de la Forestal Rionegrina, en Bariloche, fue suspendido. Un juez local había ordenado el desalojo que vencía el 22, pero cuando se aproximaba el fin del plazo se comunicó que la acción judicial se postergaba. Hace más de un mes, 18 familias Palma Villablanca se instalaron en los terrenos y aseguran que les pertenecen ancestralmente. Los terrenos forman parte de un paquete de tierras fiscales vendidas en forma irregular, según denuncias de legisladores del Foro Rionegrino.

Las familias, integrantes de la comunidad mapuche Huayteka, recuperaron territorio ancestral en la zona de El Foyel, a unos 100 kilómetros de la ciudad, según informó la agencia local ANB. Integrantes de esa comunidad y de otras se trasladaron a la zona para evitar el desalojo que finalmente no se realizó.

La orden había sido emitida por el juez Emilio Riat, del Juzgado Civil Número 5 de Bariloche. El adquirente, José Luis Martínez Pérez, se hizo presente en las tierras y advirtió a las 18 familias de la comunidad mapuche que debían retirarse. Asistió con su abogado defensor, el juez de Paz de El Manso y efectivos de la Comisaría de El Bolsón. En tanto, representantes de los Huaytekas aseveraron que no se irán y que resistirán “hasta las últimas consecuencias”.

Las tierras forman parte de los territorios denunciados por los legisladores del Foro Rionegrino por venta irregular de tierras fiscales. Martínez Pérez aseguró que había comprado los lotes en regla. El gobierno nacional reconoció esos territorios como de propiedad mapuche mediante la ley 26.160.

El representante de los Huaytekas, Rubén Curricoi, dijo a la radio KM FM que resistirán el desalojo como sea. “Con complicidad del Estado provincial se entregaron estas tierras a manos privadas”, y pidió “terminar con los atropellos, ya que es un espacio recuperado por la comunidad, y que por los tejes y manejes del gobierno y los privados apareció a nombre de José Luis Martínez Pérez”.

“No vamos a dejar el lugar, estamos esperando a ver qué sucede, sabemos que al juez se presentó esto como una causa entre privados, desconociendo tratados y normativas con comunidades originarias, creemos que por eso la orden de de-salojo.”

Además del reconocimiento nacional, rige la prohibición de desalojos de comunidades originarias y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional, que reconoce la posesión y propiedad colectiva de la tierra a los pueblos originarios.