El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer, tanto al Ministerio de Seguridad de la Nación como al de la Ciudad de Buenos Aires, la documentación sobre la ruptura del convenio por el cual policías federales prestaban servicios adicionales contratados por el gobierno porteño. Di Lello resolvió esa medida preliminar en la denuncia presentada, por orden de Mauricio Macri, por el procurador porteño, Ramiro Monner Sans, contra la ministra Nilda Garré. Una vez que el fiscal tenga la documentación, decidirá si corresponde iniciar una investigación en el marco del juzgado federal de Norberto Oyarbide. De acuerdo con lo que sabe, Garré suspendió el servicio por falta de pago y canceló en forma definitiva el convenio con 30 días de anticipación –terminará el 6 de mayo– porque considera que los policías federales deben estar en la calle y no prestando servicio de adicionales. Será difícil cuestionar la movida de Garré desde el punto de vista legal.

Di Lello interviene porque el procurador Monner Sans denunció a Garré por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Algunos de los máximos expertos en temas de seguridad, como León Arslanian o Alberto Binder, sostuvieron que la medida tomada por Garré era más que correcta, aunque hubiera convenido que se hiciera en acuerdo con la Ciudad y con más tiempo. Sin embargo, en cuanto a lo legal, la ministra probó –y la administración Macri terminó reconociendo– que existía una voluminosa deuda de unos 30 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad había intimado el pago a la Ciudad y Garré se basó en ese argumento para suspender el servicio.

La Policía Federal venía cumpliendo adicionales en unos 114 puntos de la Ciudad, entre ellos una buena parte de los hospitales, nueve escuelas y en custodias a edificios y funcionarios. Aunque no se dice en voz alta, en los dos ministerios de Seguridad, el nacional y el de la ciudad, saben que aquellas guardias se cumplían sólo parcialmente. En muchísimos casos los efectivos no prestaban un servicio de seguridad, sino que hacían fotocopias, eran choferes y sólo se los requería en contadas oportunidades. Al uniformado le servía como un complemento importantísimo en sus ingresos, pero para el Estado termina siendo una pérdida de efectividad por cuanto el policía estaba sobrecargado en horas de trabajo. Por otra parte, Garré ya hizo público que la estrategia es volcar policías a la calle, lo que constituye una decisión política. Por ello, resolvió la rescisión del convenio y quedó claro que la Ciudad debía reemplazar a los policías federales con seguridad privada o policías metropolitanos. Como la rescisión se notificó el 6 de abril y el convenio establece que se debe notificar con un mes de anticipación, la cancelación total regirá a partir del 6 de mayo. Mientras tanto, el servicio quedó igualmente suspendido por la falta de pago.

Di Lello pidió toda la documentación relacionada con la ruptura del convenio. Garré le hará llegar sus resoluciones y también Montenegro entregará los papeles correspondientes, lo que incluye textos de los convenios, intimaciones y demás elementos. Sobre esa base, el fiscal resolverá si impulsa la investigación o no, lo que en idioma judicial se denomina requerir la instrucción de la causa. En ese caso, el que llevará adelante la investigación será el juez Norberto Oyarbide.