Al ritmo que le imprimió la jueza Wilma López a la causa sobre el asesinato de Mariano Ferreyra, el líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y los otros nueve acusados del crimen ya están embarcados hacia un juicio oral. La magistrada dio hace dos días un paso fundamental en ese sentido: les notificó a los querellantes y al fiscal Fernando Fiszer que considera que la investigación está terminada en relación a estos diez detenidos, y les pidió que en seis días eleven sus hipótesis para el futuro enjuiciamiento que, según los cálculos más optimistas, podría llegar a realizarse este mismo año o en los primeros meses del próximo. Esta semana, además, lo Cámara de Casación Penal rechazó excarcelaciones y pedidos para revisar el procesamiento de los integrantes de la patota que se responsabiliza de haber matado al militante del Partido Obrero (PO) en una protesta de trabajadores tercerizados de la Línea Roca. Esos fallos también despejan el camino al banquillo, más allá de que los abogados defensores posiblemente recurran a la Corte Suprema.

Cuando procesó por homicidio calificado y tres intentos de asesinato tanto al grupo de choque como a los dirigentes ferroviarios, la jueza sostuvo que actuaron en base a un “plan criminal” cuya finalidad era “aleccionar” a los trabajadores que cuestionaban el sistema de subcontratación, para que no volvieran a protestar. En la cabeza de la embestida puso, como instigadores, a Pedraza y a su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, que daban instrucciones por teléfono al delegado Pablo Díaz, que estaba en el lugar de los hechos.

La Sala I de la Cámara del Crimen respaldó y fortaleció la investigación de la jueza López. La última resolución, que confirmó la semana pasada el procesamiento con prisión preventiva de Pedraza y Fernández, dio pie a los preparativos para que la causa sea elevada a juicio oral. Anteayer, hubo dos nuevos fallos de la Cámara de Casación Penal en la misma dirección: el tribunal volvió a rechazar los reclamos de excarcelaciones de integrantes de la patota al considerar que las detenciones no son arbitrarias y, con el mismo argumento, se negó a revisar los procesamientos que, añadió, no son equiparables a una sentencia definitiva y por ende escapan de su órbita. Hasta ayer habían sido notificados la defensa de Gabriel “Payaso” Sánchez y de Guillermo Uño, aunque también alcanzaría a todos los que habían hecho el mismo planteo.

Sánchez –guarda de Constitución y barra de Racing– y Cristian Favale, que no era ferroviario sino barrabrava de Defensa y Justicia, irán a juicio acusados de haber disparado. Favale tuvo como nexo al delegado Claudio Alcorcel, considerado partícipe secundario. El portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el picaboletos Uño están implicados en la recolección de las armas para su ocultamiento posterior. Salvador Pipitó y Jorge González se ocuparon de intentar evitar, bajo amenazas, que C5N no filmara lo ocurrido. El delegado Díaz será juzgado como reclutador y organizador de la patota. Por ahora, la responsabilidad de la Policía Federal se investiga en un expediente aparte.

La jueza de primera instancia notificó el martes último a las querellas y a la fiscalía, que tienen un plazo de seis días para presentar sus hipótesis sobre los sucesos y las acusaciones para el juicio. Para los abogados que representan a la mamá de Mariano Ferreyra, Beatriz Rial, fue una noticia auspiciosa. “Todo hace pensar que podría haber juicio oral este año al menos para estas diez personas, sin perjuicio de que la investigación pueda seguir avanzando sobre otras responsabilidades, como la de la policía”, dijo la abogada Carolina Varsky. Según las letradas que representan como querellantes a dos militantes del PO que sufrieron heridas de bala (Nelson Aguirre y Elsa Rodríguez), “la instrucción no está terminada, pero no vamos a oponernos a la elevación a juicio”. “Creemos que falta avanzar en las imputaciones a representantes de Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que es la empresa que administra las líneas Roca, Belgrano Sur y Sarmiento, bajo tutela estatal) y del Estado”, en palabras de la abogada María del Carmen Verdú. El PO siempre insistió en analizar el papel del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.

Después de que se presenten las acusaciones, las defensas tendrán también seis días para responder. Es factible que intenten demorar el juicio oral con diferentes estrategias. Algunos abogados ya dijeron que recurrirán ante la Corte Suprema para pedir la libertad de Pedraza y compañía, pero ese trámite no debería trabar su llegada al banquillo. En tribunales, las estimaciones indican que Wilma López haría su resolución de cierre de la instrucción hacia mitad de año. Luego, la fecha de inicio de las audiencias es algo que dependerá del tribunal oral que resulte sorteado.