La decisión del Gobierno que habilitó la designación de representantes del Estado en el directorio de las empresas donde el sector público posee una parte del capital social recibió un férreo rechazo del establishment empresario. La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina, los representantes institucionales de los grupos económicos más poderosos, emitieron dos comunicados similares para cuestionar el decreto de necesidad y urgencia que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Encabezadas por el Grupo Techint, principal exponente en ambas instituciones, la UIA y la AEA expresaron su “preocupación” por los cambios, llamaron a rever la medida y enfatizaron la necesidad del gobierno privado de la actividad empresaria. El lamento empresario, que no fue unánime, no tuvo un correlato en las cotizaciones de las firmas en la Bolsa de Comercio porteña. Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida y explicaron que busca ampliar el control sobre las empresas donde están invertidos los recursos de la seguridad social, influir en las decisiones de inversión para lograr una mayor creación de puestos de trabajo e impulsar el desarrollo de las firmas para proteger los fondos públicos.

La oposición vertida en los comunicados reactivó el cuestionamiento empresario sobre el rol del Estado y evidenció la preocupación por el aumento en la capacidad del sector público para observar en detalle el accionar y las estrategias de las compañías. “La gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas” y “Preocupación de la UIA por injerencia estatal en la gestión empresaria” son los títulos que eligieron las entidades patronales para sus declaraciones institucionales. Fuera de esas proclamas, dirigentes de esas cámaras interpretaron en diálogo con este diario que el nombramiento de los nuevos directores por el Estado puede ser un paso previo a la nacionalización de empresas estratégicas. A su vez, muchas empresas recordaron que desde que el Gobierno nacionalizó el sistema previsional ofrecieron sistemáticamente recomprar sus activos, algo que la Anses nunca aceptó por el buen rendimiento de las acciones.

“Para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando el avance de la participación estatal”, sostiene el texto que difundió AEA, entidad que preside Jaime Campos, directivo de Aceitera General Deheza. Los asociados más relevantes de AEA son el Grupo Clarín y Techint. En tanto, la Unión Industrial, cuya conducción también responde al holding que preside Paolo Rocca, expresó “su preocupación por la modificación” y advirtió que atenta contra la promoción de la actividad privada. En la UIA tampoco se olvidaron de dedicar un párrafo a expresar su perturbación ante “las declaraciones públicas de importantes dirigentes sindicales que solicitaron participación en los directorios”, ya que “aumenta la incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas” (ver aparte).

En diálogo con Página/12, en el Ejecutivo enfatizaron que “la experiencia acumulada durante más de un año en muchas de las empresas que hoy difunden sus lamentos fue más que positiva. Eso no quiere decir que no exista tensión entre las posiciones pero la actividad privada siguió siendo muy lucrativa”. A pesar de las expresiones institucionales, no todas las empresas donde el Estado posee acciones cuestionaron la decisión: “El Gobierno ejercerá el derecho político que le da la tenencia en cada una de las empresas. Eso no me parece ningún disparate”, sostuvo el presidente del fondo de inversión Consultatio, Eduardo Costantini.

Así como Consultatio, otras empresas que recibirán directores estatales evitaron confrontar con el Gobierno. Según admitieron fuentes oficiales, varias de ellas antes que sumarse a la embestida de la AEA y la UIA prefieren negociar en privado quiénes serán los representantes de la Anses que llegarán a sus empresas. Hay otras, en cambio, que deslizaron que estudiarán el decreto 441 para determinar si pueden iniciar acciones legales para evitar su aplicación.

La legislación establece que las empresas tienen cuatro meses para celebrar sus asambleas accionarias una vez que cerró su ejercicio económico. Por lo tanto, aquellas firmas que consolidan sus estados contables el 31 de diciembre tienen hasta fin de mes para organizar los encuentros. Precisamente mañana será el turno de la asamblea de Siderar, perteneciente a Techint.

El Estado mantiene desde fines de 2010 una puja con la compañía para colocar al economista Axel Kicillof, cercano al presidente de Aerolíneas Argentinas y dirigente de La Cámpora Mariano Recalde, como reemplazo de Aldo Ferrer, quien fue designado como embajador en Francia. En lugar de Kicillof, Siderar dejó trascender que postulaba como alternativa para ocupar el puesto correspondiente al Estado al ex director de la Cepal Bernardo Kosakoff. Pero la Anses no aceptó la oferta e insistió con Kicillof, quien ahora tendrá el camino despejado para ingresar al directorio, junto a dos nuevos representantes estatales. Esta posición del Gobierno aumentó los temores de Techint al fantasma de una supuesta nacionalización de Siderar. Allegados al grupo de los Rocca afirmaron que hace dos años el diputado José María Díaz Bancalari hizo una mención al respecto, durante un conflicto gremial, y rememoraron la nacionalización de Sidor –otra empresa del holding– en Venezuela por parte de Hugo Chávez.

La UIA y AEA enfatizaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó ayer el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”, recordó la UIA. En los considerandos, el DNU responde que esa situación no se da con los representantes del Estado. A su vez, argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de los activos.

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