El decreto de Mauricio Macri que tipificó como delitos contravencionales las medidas gremiales que afecten la producción o distribución de los diarios es inconstitucional. Así coincidieron en advertirlo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los legisladores de la oposición porteña, que presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto. El argumento principal que plantearán en los tribunales es que el jefe de Gobierno porteño no puede, por sí mismo y porque se le ocurra, inventar infracciones.

El decreto fue firmado por Macri a raíz de las protestas sindicales que afectaron la salida de Clarín y la distribución de La Nación y ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse. El decreto estableció que bloquear la salida de un diario es una contravención, así como también tomar cualquier tipo de medida que “perturbe” la producción de un medio gráfico, fijándoles penas de hasta 50 mil pesos o hasta diez días de prisión.

Para Tomada, el jefe de Gobierno porteño “se arrogó la suma del poder público” con el dictado del decreto. El ministro de Trabajo se reunió con legisladores de la oposición macrista y representantes sindicales para tratar el tema y dio después una conferencia de prensa en la Legislatura. Allí remarcó que considera la medida como “antisindical, porque cercena los derechos de los trabajadores y crea una amenaza contra esos derechos”. “Pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, fue su definición.

Consultado por Página/12, Damián Loreti, abogado de organizaciones sindicales de trabajadores de medios e integrante del CELS, explicó que el jefe de Gobierno porteño “no tiene facultades ni siquiera por excepción para crear figuras de infracción en el Código Contravencional y establecer penas por decreto. Esto viola la Constitución de la Ciudad, viola la Constitución Nacional y también la Convención Americana de Derechos Humanos que dijo, en el ’86, como una opinión consultiva, que las medidas restrictivas de los derechos humanos requieren ser sancionadas por ley, en el sentido de que deben ser leyes aprobadas por Parlamentos o Congresos que reconozcan la pluralidad de la representación política de la sociedad”.

Quienes se ocuparán de presentar el recurso ante la Justicia serán los legisladores porteños. El sabbatellista Gonzalo Ruanova confirmó que irán a los tribunales el viernes, con un escrito que están coordinando con Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Alegre (kirchneristas), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), entre otros. Los diputados tienen dos caminos posibles: ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pedir la inconstitucionalidad o presentar un pedido de amparo. Anoche se inclinaban por esto último.

Ruanova aseguró que el decreto debe ser refrendado por la Legislatura en un plazo máximo de 30 días, “pero mientras tanto está en vigencia. Esto quiere decir que si hoy un grupo de trabajadores va y hace una manifestación que afecte la distribución de un diario, Macri puede ir con la Policía Metropolitana y aplicarles estas nuevas figuras penales que creó para abrirles una causa”.

Gabriela Alegre sostuvo que los legisladores están “legitimados” a pedir la intervención de la Justicia “porque Macri está pasando por encima de nuestras funciones. La Constitución Nacional y la porteña prohíben la firma de decretos de necesidad y urgencia con contenido procesal penal”.

La presentación de los diputados porteños será respaldada por organismos de derechos humanos y los sindicatos de medios. Para ser más efectivos, una posibilidad que evalúan es la de intervenir judicialmente como amicus curiae, escrito en el que se ofrecen argumentos en favor de una postura.