“No me cabe la menor duda de que los derechos humanos de las mujeres hoy en día pasan necesariamente por la discusión abierta del tema del aborto y por su legalización.” La afirmación contundente pertenece a la relatora de la Mujer y para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la abogada venezolana Luz Patricia Mejía, y la hizo durante una extensa entrevista de Página/12. Mejía se explayó sobre las asignaturas pendientes del país en materia de derechos humanos. Entre ellas señaló la “necesidad y urgencia” de sancionar un nuevo régimen penal juvenil –que tiene media sanción del Senado– y aclaró que no se debe bajar la edad de imputabilidad de los menores. “Si eso no se decide en breve, el 19 de mayo es posible que la Comisión esté elevando el caso a la Corte Interamericana”, adelantó a este diario.

Acaba de pescarse un fuerte resfrío y está muy congestionada. La charla transcurre un día antes de su partida hacia Bogotá, donde tiene prevista otra misión. Desde allí rumbeará a Madrid, su actual lugar de residencia, donde vive con su hija de 6 años. Mejía asumió en 2008, y su gestión es de cuatro años. Fue primera vicepresidenta del organismo en 2008 y presidenta en 2009.

“Me voy con la satisfacción de que fue sancionado el delito de la desaparición forzada de personas”, dice sobre el resultado de su viaje al país. Viene al menos dos veces por año. “El trabajo con Argentina es muy rico, porque hay una direccionalidad muy importante y también porque cada vez que vengo recojo frutos de una visita anterior. La contundencia con que la Presidenta ahora y antes el ex presidente (Kirchner) plantearon el tema de derechos humanos como parte de la centralidad de sus políticas públicas hace también al compromiso de los funcionarios, que cada vez que estamos aquí entienden que hay que avanzar en ciertos temas”, destacó Mejía. En la semana que pasó en Buenos Aires se entrevistó con el ministro Julio Alak, entre otros funcionarios gubernamentales. Y presentó un informe sobre el problema del acceso a servicios de salud materna en el continente. Aquí los tramos más significativos de la entrevista.

–Las cadenas perpetuas dictadas a menores de edad. La CIDH ya se expidió: recomendó al Estado argentino la sanción de un nuevo régimen penal juvenil y la resolución del caso concreto de los cuatro jóvenes que tienen perpetuas desde que tienen 16 años. Hemos solicitado que se evalúe la posibilidad de una conmutación de pena, al entender que ya legislativamente hay acuerdo de que el tope máximo para que un joven esté detenido es 10 o 12 años. En general, en las Américas ese límite no supera los 12 años y estos jóvenes ya llevan 16 años presos.

–Ya hay una decisión de la Comisión. Si no se cumple, lo demandaremos. En la Cámara de Diputados tuve una reunión con las diferentes posiciones políticas, con el objetivo de explicarles dos cosas: por un lado, que les corresponde sancionar una nueva ley y que son ellos los que están comprometiendo la responsabilidad del Estado argentino. Por el otro, en relación a la duda que se plantea sobre hasta qué punto si se baja la edad de imputabilidad se está de acuerdo con los estándares internacionales. Yo les planteé que el estándar internacional es no bajar el tope existente. Les aclaré la necesidad y urgencia de que si eso no se decide en breve, el 19 de mayo es posible que el Comité, esté elevando el caso a la Corte.

–Un primer tema es la gravísima situación de la mortalidad materna. La mortalidad materna en el continente y en la región es un desafío terrible, sobre todo cuando la mayoría de las muertes se hubieran podido evitar con acceso a servicios de salud materna. El segundo tema de complejidad que también afecta a la Argentina es la existencia de normativas que permiten el aborto terapéutico y pese a ello, por razones culturales o legales, su acceso se obstaculiza. Las organizaciones tienen registrados muchísimos casos donde las mujeres, teniendo la oportunidad de hacer un aborto terapéutico, no lo hacen. Un motivo es porque no hay protocolos para la atención de esos casos.

–Se lo planteamos a todos los Estados de la región. Es una recomendación aplicar los protocolos. Pero cuando analizamos por qué no se aplican encontramos que hay unas barreras culturales que no lo permiten. Los protocolos tienen que tener algún nivel de rango normativo, donde los médicos también entiendan que su no aplicación tiene consecuencias jurídicas individuales para ellos.

–Ese es el centro del informe sobre salud materna que presenté. Existe una relación absolutamente directa entre el derecho a la salud materna y el derecho a la integridad personal de la mujer, que incluye su integridad física, psíquica y moral. Si bien hoy a nadie le queda la menor duda de que cualquier caso de apremios ilegales es un caso de una grave violación de los derechos humanos, no se entiende de igual forma cuando una mujer que lo requiere no accede a servicios de salud materna. El sufrimiento es el mismo. Cuando un hombre o una mujer privada de libertad sufre apremios ilegales en el continente no hay la menor duda de que estamos hablando de tortura y violación a la integridad personal. Esa situación es asimilable a la de una mujer que muere por la ausencia de servicios de salud materna o por la ausencia de la práctica de un aborto seguro. Pero vemos claramente una situación y no dudamos, y no vemos la otra.

–Aquí respondo a título personal. Yo considero que definitivamente, irreductiblemente es una política de derechos humanos de las mujeres. Lo digo a nivel personal, porque la Comisión no ha tenido la oportunidad de pronunciarse. No hay homogeneidad en las posiciones entre los miembros y las miembras de la Comisión en relación a la interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho a la vida, desde qué momento es la protección. Pero sabemos que es un debate que tenemos que dar, igual que el de la pena de muerte. Hablo como activista de derechos humanos, como mujer, y además como relatora que ha recibido suficiente información que da cuenta de que a lo largo y ancho de nuestra región las mujeres siguen muriendo –tenemos 22 mil mujeres que mueren al año– por causas relacionadas directamente con el aborto porque no queremos discutir. No me cabe la menor duda de que los derechos humanos de las mujeres hoy en día pasan necesariamente por la discusión abierta del tema del aborto y por la legalización del aborto. Porque además es una discusión absolutamente clasista. En general, más del 90 por ciento de las muertes son provocadas en la franja de pobreza o pobreza crítica. Esas son discusiones que hay que dar y hay que poner sobre la mesa.