A ocho meses del conflicto en el Parque Indoamericano, el Estado no ha avanzado un solo paso en la solución habitacional prometida entonces a los habitantes de Villa Soldati. Paradójicamente, la única respuesta la dio la Justicia porteña, que resolvió citar, a partir de hoy y hasta la semana próxima, a los seis dirigentes barriales a los que acusa por la toma de ese espacio verde. Los seis quedaron nuevamente imputados después de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, que se conoció después del triunfo en segunda vuelta del jefe de Gobierno Mauricio Macri. Organizaciones sociales, entidades gremiales y de la sociedad civil y legisladores expresaron su preocupación por lo que consideran “un avance en profundizar la criminalización de la protesta social”. Respaldan además una estrategia común para la defensa de los imputados.

El equipo de fiscales que lidera Luis Cevasco citó para hoy a Mónica Ruejas, dirigente del barrio Los Piletones, y para mañana a Diosnel Pérez, delegado de la Villa 20. Para los días siguientes están convocados Alejandro “Pitu” Savatierra, dirigente de la Villa 15 (Ciudad Oculta) y militante de la agrupación kirchnerista La Jauretche; Luciano Nardulli, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Villa Soldati y Lugano; Marcelo Chancalay y Elizabeth Revilla.

“En lugar de combatir la pobreza, combaten a los que luchamos contra la pobreza”, lamentó Nardulli, en diálogo con Página/12. “Quieren sentar el precedente de que cualquier manifestación pública para reclamar vivienda será criminalizada”, agregó.

Para los dirigentes barriales, se da la paradoja de que los dirigentes que estuvieron al frente de las negociaciones con los gobiernos nacional y porteño para levantar la toma de diciembre son imputados por el delito de usurpación. “Utilizaron como prueba declaraciones nuestras a los medios que sacaron de contexto”, expresó Salvatierra a este diario. Según el dirigente, “la intención de la toma no era quedarse en el parque sino manifestar un reclamo por la falta de viviendas: a lo sumo lo que se hizo fue una ocupación del espacio público, como cuando los ruralistas cortaron las rutas”.

“El Estado mismo convalida el hecho como un reclamo, cuando se sienta a discutir una solución. No hubieran negociado ante un delito”, subrayó la abogada Luciana Bercovich, coordinadora del programa Derecho y Construcción en Villas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Diosnel Pérez, uno de los convocados a la Casa Rosada en el pico de la crisis de diciembre, recuerda que tras la negociación los gobiernos nacional y de la Ciudad se comprometieron a elaborar un plan de viviendas para la ciudad por el cual, “por cada peso que ponga el Gobierno de la Ciudad, la nación pondría otro peso”. “Ese plan quedó en la nada, no se hizo ni una sola vivienda”, advirtió Pérez.

Salvatierra, al respecto, comenta que Macri “anunció después un plan de viviendas, pero la propuesta que le presentó a Nación no tenía consistencia, no se aclaraba en qué lugar se harían las casas, ni en cuánto tiempo, ni el criterio de adjudicación. El gobierno nacional pidió esas precisiones, pero nunca le respondieron”.

ACIJ convocó ayer en una reunión a los imputados, a algunos de sus abogados defensores y a representantes de organizaciones que apoyan el reclamo de los vecinos y se oponen a la criminalización de la protesta social.

“La única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda”, dice la declaración que firman ACIJ, la CTA Capital, la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA), el Frente Popular Darío Santillán, la CCC y la Corriente Política 17 de Agosto, entre otras. También adhieren los legisladores Fabio Basteiro, Laura García Tuñón, Rafael Gentili, Liliana Parada, Martín Hourest y Rocío Sánchez Andía.

La causa contra los dirigentes barriales fue impulsada por los fiscales al mando de Luis Cevasco. En principio, la jueza María Cristina Nazar había rechazado la denuncia, determinó la inexistencia del delito de usurpación, definió que lo sucedido excedía el marco del Derecho Penal y se enrolaba en una cuestión social y dispuso el archivo de la causa. Los fiscales apelaron la decisión y pidieron el apartamiento de la jueza. Los camaristas de la Sala I confirmaron a la magistrada pero ordenaron la reapertura del caso.

Los abogados resolvieron reclamar la postergación de las indagatorias con el argumento de que aún no está firme el fallo de la Cámara: ayer mismo presentaron un recurso en el Supremo Tribunal de Justicia. También sostienen que a los acusados se les negó el derecho a la defensa en los primeros tramos de la causa. Y por último, argumentan que no está probado el delito de usurpación y sostiene que a lo sumo se trató de una ocupación del espacio público, que es una contravención.

“Observamos con profunda preocupación que la única respuesta del Estado provenga del Derecho Penal, ya que ante la vulneración de derechos fundamentales la única respuesta estatal válida debiera ser garantizar su efectivo cumplimiento”, dice el documento que firman las organizaciones. El texto concluye en que la intervención de los poderes del Estado “funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos y los que resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del Derecho Penal”.