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Un predio del barrio de Chacarita ocupado por unas quince familias sin techo quedó totalmente rodeado por efectivos de la Policía Federal, por orden del juez Norberto Oyarbide. Los ocupantes, que esperan una solución habitacional, denuncian que están sin agua ni alimentos. El problema de fondo es similar al que emergió de las tomas del parque Indoamericano y el Club Albariño: familias humildes que por habitar viviendas precarias pagaban alquileres costosos.

El Playón de Chacarita, lindero a la estación de trenes Federico Lacroze y perteneciente al Estado nacional, fue tomado hace unos 25 días por cerca de 30 familias. Los ocupantes pagaban alquileres de “800 pesos, por casas precarias, que capaz ni tienen electricidad”, explicó María Luz, vecina y miembro del Movimiento Popular La Dignidad, organización que apoya la toma.

Aunque la semana pasada la Policía Federal había establecido presencia en la zona, ayer a las 8 de la mañana, mediante la utilización de vallas y móviles, perimetraron de forma total el terreno, que está situado entre las calles Fraga, Teodoro García, Céspedes, Guevara y Avenida Elcano. De todas formas, por ahora, Oyarbide no dictó la orden de desalojo.

Ante el cerco policial, los ocupantes “no pueden salir a buscar alimentos ni agua, y no tienen baños”, relató María Luz. “Están encarcelados, como en el Albariño”, comparó la mujer. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), fue al lugar y constató que “chicos de cinco años que fueron al jardín, quedaron afuera y ahora están sin sus padres, al cuidado de vecinos”.

La diputada señaló que, en el mismo marco de “estrategia de desgaste”, hay una medida de no innovar dispuesta por Oyarbide que impide que las familias hagan modificaciones en el lugar, lo que se traduce en que “no pueden armar ni un toldo”, mientras están a la intemperie, “soportando la lluvia y el granizo” de los últimos días. Producto de esas dificultades para permanecer en la toma, el número de familias que inició la ocupación se redujo a la mitad, aunque los que se fueron “no resolvieron su problema”, resaltó Sánchez Andía.

Como solución, la legisladora pidió la conformación de “una mesa de trabajo con funcionarios de la Subsecretaría de Vivienda de Nación”. En ese ámbito debe resolverse la cesión de esos terrenos pertenecientes a Nación para luego poder brindar “una respuesta que no sea paliativa”.

Por ahora –contó María Luz–, “sólo se acercaron desde Desarrollo Social de la Ciudad a ofrecer un subsidio habitacional de 1200 pesos, por seis meses”, que fue rechazado. “Nos plantamos firmes, lo que queremos es vivienda”, exclamó la militante social.

Informe: Leonardo Rossi.