Doce personas acusadas de traficar efedrina y metaanfetamina a México serán juzgadas a partir de hoy, entre ellas, los supuestos cabecillas de la banda, Mario Segovia y el mexicano Juan Jesús “Chucho” Martínez Espinoza, y también Ricardo Martínez, padre del joven y popular actor televisivo. El caso comenzó en 2008, tras el allanamiento a una quinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, donde funcionaba un laboratorio de drogas sintéticas ilegales. A partir de entonces se develó la “ruta de la efedrina” y la falta de controles sobre los precursores químicos usados para elaborar estupefacientes. En el camino fueron condenadas 14 personas: ocho son ciudadanos mexicanos, que trabajaban en el laboratorio. Esta nueva etapa del juicio terminaría a mediados de 2012.

El laboratorio en cuestión estaba en pleno funcionamiento el 17 de julio de 2008, cuando fue allanado por integrantes de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Zárate-Campana y el grupo Halcón. En la quinta El Rodeo, de 250 metros cuadrados con quincho y pileta, fueron decomisados 20 kilos de una pasta previa a la metaanfetamina y bidones cargados de ácido sulfúrico, acetona, thinner, metanol y alcohol etílico. También había envases de cloruro de efedrina, usada para preparar la metanfetamina conocida en Estados Unidos como “Ice” o “Crystal”.

En esa operación se secuestraron registros de proveedores de efedrina y también una agenda. De allí surgirían los nombres de los dos principales acusados: Segovia y Martínez Espinoza. El argentino, conocido como “el rey de la efedrina”, está acusado de ser “jefe u organizador de asociación ilícita” y sería el comprador de grandes cantidades de efedrina a droguerías a través de distintas farmacias, que luego vendía al mercado ilegal. Entre ellos estarían Marcos Frydman y su ex esposa Ana María Nahmod, dueños de una farmacia en la Ciudad de Buenos Aires y condenados ambos a seis años de prisión.

Al mexicano detenido en un hotel de Asunción, en Paraguay, también se lo acusa de ser jefe de la organización criminal. Las autoridades de la Procuración General de ese país lo ligan con el Cartel de Juárez, aunque él aseguró que sólo es un empresario, que gracias a una herencia quiso instalarse en la Argentina para comprar una bodega y montar un restaurante. Martínez Espinoza fue arrestado por orden del juez de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, quien instruyó la causa, pero luego fue destituido de su cargo por mal desempeño.

El padre de Mariano Martínez, preso en la cárcel de Ezeiza, es considerado “partícipe necesario”. Ricky tenía una fábrica de calzado, que impulsaría gracias a la imagen de su hijo, y se sospecha que los traficantes planeaban pasar la metaanfetamina en las suelas. Además habría colaborado para lavar el dinero que ingresaba de la venta de esta sustancia. Uno de los tres abogados que lo defendió contó a este diario que “quedó abrochado a la causa porque estaba en reuniones donde no debía estar; en realidad, es un busca”. Su hermano está ligado al negocio farmacéutico.

Los nueve imputados restantes son Fernando Ventura García, Walter Gabriel Garrido, Pedro Díaz Cavero, Rubén Galvarini, Gisella Itatí Ortega, Gonzalo Rodrigo Ortega, Antonia María Moreno, Horacio Jorge Quiroga y Rodrigo Pozas Iturbe. Debido a la gran cantidad de acusados, el juicio se realizará en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, aunque los magistrados a cargo son del Tribunal Oral Federal Nº 4 de ese partido bonaerense. Según explicaron fuentes judiciales, sólo habrá audiencias los viernes y está previsto que declaren más de 400 testigos.

Por este caso fueron condenados a seis años los ocho mexicanos, todos oriundos de la ciudad de León, provincia de Guanajuato. Tras cumplir la mitad de esa pena, en agosto pasado fueron expulsados del país, tal como prevé la Ley de Migraciones. También el empresario Mario Ribet, dueño de una distribuidora de medicamentos, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de cárcel, y los hermanos Guillermo Alberto y Héctor Daniel Salomón, a cuatro años. Estos últimos tenían una farmacia y consiguieron comprar legalmente 247 kilos de efedrina, vendidas al laboratorio Maschwitz.

Según pudo averiguar este diario, José Ramón Granero, titular de la Sedronar, secretaría encargada de la prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico, está citado a declaración indagatoria en el marco de esta causa por orden de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Debe explicar por qué fallaron los controles sobre la efedrina, a cargo del Registro de Precursores Químicos que aún está bajo su órbita. Este registro, manejado hoy por Gabriel Abboud, fue materia de discusión en el gobierno nacional tras descubrirse que se importaban toneladas de efedrina, cuando la industria farmacéutica precisa sólo 13 kilos al año para producir colirio y antigripales.