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Difícilmente haya causas que muestren de forma más explícita la presencia actual de las consecuencias del terrorismo de Estado que las que investigan y juzgan casos de apropiación de niños y niñas secuestrados con sus madres o que nacieron durante el cautiverio de éstas, en la última dictadura militar. Esta siniestra práctica represiva no estaba configurada con claridad antes de producirse el golpe de Estado, pero rápidamente fue absorbida como parte del proceso de aniquilamiento de las personas sindicadas como enemigos por los represores. Sus aristas diferenciales se delinearon de inmediato.

Uno de sus propósitos fue que los niños no crecieran con las familias tildadas de subversivas, en forma similar al tratamiento que impuso el franquismo a los hijos de los republicanos que eran asesinados o apresados. Durante la dictadura franquista, esos niños fueron llevados a reformatorios y separados de sus familias, para evitar que los criaran de acuerdo con valores contrarios a los que buscaba imponer el régimen. En nuestro país, tuvieron diferentes destinos: algunos fueron apropiados por integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad o personas vinculadas con éstos; otros fueron asesinados junto a sus padres; y unos pocos fueron adoptados por familias que de buena fe los educaron. Pero el objetivo de quienes pergeñaron el terrorismo de Estado fue el traspaso violento de los menores desde el grupo en el que habían nacido hacia otro, para evitar que estuvieran con sus familias verdaderas.

Otra de sus finalidades fue aplicar un castigo adicional a las familias de quienes osaron trasgredir el orden que imponía la dictadura. Como en el seno de esas familias habían nacido “extremistas”, esta práctica represiva fue una forma más de represalia por haberlos engendrado. El plus lo configuró –y lamentablemente lo sigue configurando– la angustia desgarradora de sumarle a la incertidumbre sobre lo ocurrido con las y los de-saparecidos no conocer el destino de sus hijos, quienes también pasaron a integrar la ominosa lista de desaparecidos. En algunos casos, incluso, ni siquiera se ha podido determinar si mujeres que fueron secuestradas embarazadas llegaron a dar a luz o si los niños que nacieron en esas condiciones sobrevivieron al horror. Este castigo se sigue infringiendo y el dolor que provocan estas ausencias se renueva cotidianamente para las familias que aún siguen buscando.

El tercer objetivo fue aportar al disciplinamiento que la dictadura pretendía aplicar a la sociedad: a quienes se oponían al régimen saliendo del ámbito privado en el que debían estar recluidos y desafiando el orden establecido, no sólo se los secuestraba, se los de-saparecía, se los torturaba o se los apresaba, sino que también se les arrancaban sus hijos. En Paraná, desde el mes de agosto se está juzgando a seis de los responsables de la apropiación de los hijos mellizos de la desa-parecida Raquel Negro, cuya hija, su familia y las Abuelas tuvieron la enorme alegría de encontrar hace tres años. En cambio, a su hermano aún lo estamos buscando.

Los testigos principales de este juicio fueron médicos y enfermeras del Hospital Militar en donde fue obligada a parir Raquel y de un instituto médico al que fueron llevados los bebés. La diferencia entre el relato de unos y otras fue abismal: los médicos dijeron no recordar absolutamente nada o admitieron a regañadientes lo ocurrido. Las enfermeras se sentaron frente a los jueces y, pese a que estaban declarando contra militares y médicos, contaron la verdad con una valentía inusitada. Estas mujeres, en su mayoría de edad avanzada y trabajadoras, marcaron una línea ética que está en sintonía con lo que ha sido la pelea denodada de las Abuelas, y el coraje que exhibieron brilló frente a la cobardía o la connivencia repugnante de los médicos.

En nuestro alegato, pedimos que los acusados sean condenados a prisión perpetua. Para hacerlo, tuvimos que recurrir a un planteo novedoso pidiendo que se aplique la recientemente incorporada figura de desaparición forzada respecto de lo ocurrido con el hijo varón. Lo hicimos con el convencimiento de que es lo correcto, no sólo por los sólidos argumentos jurídicos que tenemos, sino porque consideramos que el mensaje simbólico de la sentencia tiene que estar muy claro: en Argentina de ninguna forma se toleran crímenes tan aberrantes como la apropiación. Esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias y lo demuestren hoy dictando una resolución acorde con la gravedad de los hechos juzgados. Y ojalá esta sentencia también anime a más personas a aportar elementos para que podamos saber qué pasó con el mellizo y pronto festejemos su encuentro.

* Abogada representante de la querella.