En un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos de la Cámara baja, diputados de todos los bloques consensuaron ayer un dictamen para que los pacientes terminales tengan derecho a una muerte digna, que podría obtener media sanción antes del 10 de diciembre. El texto, firmado por al menos 21 legisladores, se basa en los proyectos de ley impulsados por Jorge Rivas (Socialismo para la Victoria) y Gerardo Milman (GEN), que plantean modificar la ley 26.529 de Derechos del Paciente para incorporar la cuestión de la limitación de los soportes vitales. “Se notó la unanimidad de los legisladores en cuanto a la necesidad de aprobar esta ley”, celebró, al finalizar la sesión, Selva Herbón, que pide la desconexión al respirador artificial de Camila, su hija de dos años que se encuentra en estado vegetativo permanente desde que nació.

“El paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en el estadio terminal tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”, establece el texto consensuado. Ese párrafo se agregaría a la Ley 26.529, sancionada en 2009, pero que aún no fue reglamentada, por lo que se encuentra abierta a cambios.

El dictamen surgió tras el obtenido la semana pasada en la Comisión de Salud en base a cuatro proyectos: además de los de Milman y Rivas, los que presentaron Juan Carlos Vega (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires). “Hicimos un esfuerzo importante para arribar a este texto” que reúne “todas las miradas” para acelerar el trámite en el recinto, aseguró la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro).

Ayer, en el plenario, se hicieron algunas modificaciones al dictamen de Salud, “la mayoría de ellas técnicas”, entre las que se destaca la forma en que se dará el “consentimiento informado”, para las personas incapaces de tomar o expresar su voluntad. Dinah Magnante, abogada y viuda de un hombre que murió en medio de la lucha de su familia por que se le permita una muerte digna, escuchaba con atención la lectura de ese artículo. “Es un aporte importantísimo porque en el dictamen anterior decía que ese consentimiento debía ser prestado primero por el representante legal, pero ahora serán los familiares los que decidan y de acuerdo al orden que establece la ley de Trasplante de Organos”, explicó a Página/12. De ese modo, “decidirán primero el cónyuge, sea esposa o conviviente, después los padres, los hijos y, sólo si no hubiera un familiar, el representante legal”, detalló.

De las 21 firmas que obtuvo el proyecto, tres fueron en disidencia. El principal de los puntos que rechazan esos diputados es la posibilidad de rechazar la alimentación y la hidratación del paciente. El diputado del PRO Julián Oviglio fue uno de ellos. Destacó que “quitar el alimento es acelerar el proceso de muerte por causas no naturales” y sugirió que se quite esa referencia. Su colega radical Silvia Storni coincidió con él. Por su parte, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), que preside la Comisión de Derechos Humanos, les recordó a ambos que “sólo se habla de suspender la alimentación cuando con esto se prolongue la vida de forma absolutamente artificial e indigna”. Las diferencias, no obstante, serán resueltas en el recinto de la Cámara cuando se trate el proyecto.

Tras menos de una hora de discusión y mientras los legisladores firmaban el documento, Donda los convocó a “dar la media sanción antes de fin de año”. El diputado Milman confió a este diario que está “absolutamente” seguro de que se va a lograr “porque es un texto que ha salido en completo consenso de las tres comisiones y que cuenta con el compromiso de todos los bloques, incluso del diputado Agustín Rossi”, presidente del bloque oficialista. “Hay que entender que eso implica ahorrar sufrimiento a aquellos que ya están sufriendo”, afirmó. A unos escasos metros, Selva Herbón pensaba en su hija, Camila, conectada a un respirador y alimentada de forma artificial desde que nació y que crece de forma desproporcionada en la camilla de un hospital porteño.

También estaba presente Susana Bustamante, la madre de Melina González, que conmovió con su muerte en marzo último, tras una dolorosa enfermedad por la que pedía que la sedaran totalmente hasta dejar de vivir. Ya en un pasillo, y con la convicción de que el proyecto de ley “tendrá media sanción antes de fin de año”, Susana sonreía: “Peleamos contra una sociedad necia, pero la lucha de Melina sirvió, a ella la escuchó el mundo”. En febrero, la adolescente de 19 años y 18 kilos de peso, que casi no sentía su cuerpo y que en ocasiones sufría dolores tormentosos, le había dicho que “nadie debería sufrir este calvario”. Diputados tendrá la oportunidad de evitar que otros vuelvan a padecer lo mismo.

Informe: Rocío Magnani.