Los chicos expusieron su problema habitacional en un audiovisual que ganó el concurso “Hacelo corto”.
Imagen: Jorge Larrosa.

“Cuando soplé las velitas pedí una casa, una vida nueva y un cuarto grande para mí.” Estos fueron los deseos que Micaela pidió cuando cumplió 9 años, y que se plasmaron en el audiovisual Tres Deseos, ganador del concurso “Hacelo corto 2011”, del programa Medios en la Escuela. La nena vive en una de las torres de avenida Boedo 1967, sitio que tendría que abandonar en estos días: las 26 familias que viven en el lugar tienen una orden de desalojo para el próximo lunes 19. Su historia, que refleja con crudeza el drama del déficit de vivienda, no fue suficiente para impedir esa instancia. Los abogados de las familias pidieron una prórroga a la Justicia, a la espera de que llegue antes una solución habitacional.

“Hace unos meses nos llegó la intimación y, acostumbrados a no darnos por vencidos, iniciamos el proceso de amparo, que sabemos que sólo demora la agonía para, nuevamente, estar en situación de calle. Es por ello que necesitamos que nos incluyan en la operatoria de la Ley 341 de ‘soluciones habitacionales’ programadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC)”, dice el texto de una carta que los vecinos hicieron llegar hasta la Presidencia de la Nación, aunque saben que la solución está en manos del gobierno porteño.

La situación de emergencia habitacional de estas familias se inscribe dentro del grave déficit de vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires. Los edificios que ocupan, en el barrio de Boedo, pertenecieron a la constructora San Sebastián Propiedades S.A., cuyos propietarios estafaron a más de quinientas familias, hace diecisiete años, compradoras en varios edificios que nunca fueron terminados. Veinticuatro de esos damnificados son los que promovieron el juicio que hoy deriva en el pedido de desalojo de Boedo. Por otra parte, muchas de las personas que actualmente habitan allí fueron obreros que trabajaron en la construcción del edificio y, según argumentan, fueron “autorizados por la misma empresa –en aquel momento– a permanecer en el lugar”.

Romina Vega, abogada de veinte de las familias afectadas, explicó a Página/12 que “los 24 damnificados por la estafa de la constructora hoy reclaman por los daños y perjuicios ocasionados por esa sociedad ilícita, lo cual conlleva a quedarse con las torres”, agregó.

Por su parte, Sergio Varas, otro de los letrados defensores de las familias involucradas, dijo a este diario que sus representados saben que “no van a poder quedarse a vivir allí”. “Pospusimos tres veces el desalojo –desde junio pasado–, pero en algún momento van a tener que abandonar sus hogares”, agregó.

Ambos abogados pidieron esta semana una nueva prórroga de 180 días ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 22, que interviene en la causa, ya que el último plazo concedido vence el lunes.

En razón de la situación de vulnerabilidad social que afecta a las familias, la legisladora María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular) presentó un proyecto, que aprobó la Legislatura a fines de noviembre, que solicita al Ejecutivo porteño que incluya a las 26 familias en “los programas habitacionales existentes, como la operatoria que estipula la Ley 341”, dijo la diputada a este diario.

“La Ley 341 –sancionada el año 2000, para implementar soluciones para familias con distintas problemáticas habitacionales– debería ser la vía para dar una respuesta inmediata de acceso a un préstamo hipotecario, para poder comprar una vivienda en barrios de sur de la ciudad”, señaló Naddeo. La norma plantea en su articulado que “cuando los beneficiarios percibieran ingresos por debajo de la línea de pobreza, se promoverá el otorgamiento de un préstamo a pagar en un plazo de 30 años, de acuerdo con sus posibilidades económicas, y así facilitar el acceso de los vecinos a una vivienda confortable”. El IVC está otorgando actualmente créditos hipotecarios por 160 mil pesos (40 mil dólares). Hasta ahora, desde el gobierno porteño les ofrecen a las familias “un subsidio de 12 mil pesos a pagar en diez meses”, dijo la legisladora.

Las familias de los edificios afectados por el desalojo recibieron el apoyo de legisladores y comuneros de distintos partidos y de la organización social Comunarte. “No pedimos que nos regalen nada, sólo queremos un techo digno donde poder vivir con nuestras familias. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para conseguir el préstamo que nos corresponde y así acceder a una vivienda, y sabemos que para ello tenemos que estar unidos”, afirmó Inocencia Saquero, una madre de tres hijos que habita en el edificio de Boedo.

Informe: Sabrina Améndola.