Más de doscientas organizaciones campesinas y de pueblos originarios marcharon ayer por la capital de Santiago del Estero, al cumplirse un mes del asesinato de Cristian Ferreyra, el militante baleado en medio de un conflicto de tierras en esa provincia. El reclamo se centró en el pedido de justicia por esa muerte, el fin de los desalojos y el respeto a la forma de vida campesina. En un hecho inédito, confluyeron en la movilización las dos ramas del Mocase, la principal organización campesino-indígena de la provincia, que se dividió diez años atrás. Ayer hicieron una asamblea conjunta a la que se sumaron otras organizaciones. “La unidad es la expresión política para demostrar que el modelo productivo actual está llevando a esta situación de desalojo y muerte”, destacó a Página/12 Guido Corvalán, presidente del Mocase. La marcha terminó frente a la Casa de Gobierno santiagueña.

La marcha, que reunió a varios miles de personas, fue convocada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Mocase-VC, la agrupación que integraba Ferreyra, y la Mesa Provincial de Tierras, entre otras organizaciones.

La manifestación, que partió de la plaza Libertad, pidió al gobierno de Gerardo Zamora que implemente “políticas públicas que pongan fin al despojo de las tierras de campesinos e indígenas, el fin de los desmontes y una producción sustentable que garantice la soberanía alimentaria”. Además, exigió justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Ferreyra, por el que están detenidos un empresario agropecuario santafesino y un peón rural que, según testigos, baleó al campesino. En la causa todavía está prófugo otro acusado.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana con una gran asamblea abierta en la plaza Libertad. Las organizaciones se dividieron en comisiones para debatir los distintos problemas por los que atraviesan las comunidades campesino-indígenas: los agrotóxicos, la ley de bosques, la ley de ordenamiento territorial, la relación con el gobierno provincial, el resguardo de los territorios indígenas y la actuación de los medios de comunicación hegemónicos, “que distorsionan el sentido de la información”.

Luego, cerca del mediodía, la asamblea se transformó en una gran columna que arrancó la marcha y tuvo varias paradas, entre ellas la sede de la Dirección de Bosques. “Allí es donde se autorizan los proyectos de desmontes para emprendimientos productivos. Por ley, si hay familias en el lugar, el desmonte no se puede autorizar y se debe llamar a una audiencia pública. Pero las autorizaciones se hacen igual y así pasó en el caso de Cristian: ese desmonte se debería haber suspendido”, explicó Roger Almaraz, del Mocase.

Las organizaciones también hicieron protestas frente a la Jefatura de Policía y el Superior Tribunal, donde repudiaron la muerte de Ferreyra y exigieron que se haga justicia. Finalmente, llegaron a la Casa de Gobierno, donde expresaron el reclamo por un cambio en las políticas del sector: “El modelo productivo es el que nos lleva a esto –señaló Corvalán–, el modelo nos está desplazando al ampliar territorios y dejar familias a la intemperie. El modelo enriquece a un sector, pero a nosotros nos está dejando en la pobreza”.

Cristian Ferreyra fue asesinado el 16 de noviembre, en su casa de la comunidad de San Antonio, en medio de un conflicto por tierras. Por la muerte están detenidos el empresario sojero de Santa Fe Jorge Ciccioli, responsable del emprendimiento productivo de la zona, y un empleado suyo, que sería el autor material del homicidio. Se trata de Javier Juárez, cuyo hermano –también empleado de Ciccioli– está acusado de haber participado en el hecho y se encuentra prófugo. El empresario, por su parte, está internado en el Hospital Regional, aunque permanece en calidad de detenido.