Ocho intendentes de municipios del Valle Medio de Río Negro pidieron a mediados de enero pasado el juicio político contra la jueza Marisa Bosco y el fiscal Miguel Flores por “mal desempeño de sus funciones” en este caso. “Hoy Solano sigue desaparecido justamente por toda la negligencia en la investigación judicial y policial de los primeros veinte días”, aseguró por su parte el gobernador Alberto Weretilneck en junio pasado, luego de respaldar a los nuevos juez y fiscal de la causa, Víctor Soto y Guillermo Bodrato, respectivamente. Como informó este diario, siete policías fueron detenidos desde entonces y trece, separados de la fuerza. En total, la querella acusa a 34 personas, entre uniformados, funcionarios judiciales y empresarios.

“Encontré un expediente que estaba con una desprolijidad total, una jueza sin compromiso y un fiscal que tampoco se había comprometido”, describió el gobernador, quien apoyó expresamente el juicio político. La jueza respondió: “Se trabajó en la línea de que podía haber sido la policía, de que podía haber intervenido el BORA, algún compañero o de que se podía haber ido. Se siguieron todas las líneas de investigación. A lo mejor al señor gobernador le están pasando alguna información que no existe en el expediente”.

Además del apoyo de la gobernación, los familiares de Solano y sus dos abogados mantuvieron durante la semana pasada reuniones con funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación. La causa tiene una reserva federal por los delitos de trata con fines laborales.