El Estado porteño, que viene operando satisfactoriamente el sistema público de uso de bicicletas, resolvió entregar la gestión a manos privadas, para lo cual destinará 33,7 millones de pesos anuales. La licitación, que ya está en marcha y sería adjudicada en junio, permitiría “el funcionamiento del sistema en forma automática, las 24 horas del día, todos los días del año”, según explicó a Página/12 el subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo Dietrich. En rigor, la ciudad implementó durante poco más de dos años la prueba piloto y demostró a los privados que el negocio era posible. “Es un capitalismo de amigos, la empresa que se haga cargo hará un negocio sin poner un peso”, cuestionó el legislador Rafael Gentili (Proyecto Sur).

“El sistema actual funciona bien. Entonces, no se entiende la razón de semejante movimiento”, evaluó el presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos, Néstor Sebastián. “Deberían haber agotado la posibilidad de que siga en manos del Estado –opinó–. Pero habrán visto un negocio fenomenal.”

Dietrich argumenta que lo realizado hasta ahora por el Estado no era más que una experiencia piloto. “La idea de licitar el servicio estaba desde un principio, pero había mucha incertidumbre. No sabíamos si iba a haber renovación del alquiler y cuál era el nivel de vandalismo. Por eso decidimos hacerlo nosotros y acumular experiencia e información”, dijo el funcionario a este diario.

El sistema se puso en marcha el 1º de diciembre de 2010 y desde entonces se instalaron 28 estaciones, que están abiertas de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 15. Se inscribieron unos 70 mil usuarios, que hacen en promedio 5000 viajes diarios. “Desde que empezamos, se hicieron 1.353.687 viajes, a un promedio de 31 minutos cada uno –informó Dietrich–. Y el robo de bicicletas no pasó de setenta.”

El sistema hoy es gratuito y la bicicleta alquilada se puede usar hasta una hora. “Si el usuario se pasa, es penalizado con unos días de suspensión. Si la necesita por más tiempo, puede dejarla en un puesto y sacar otra: para que el sistema sea eficaz, debe haber una alta rotación”, explicó el subsecretario. Admitió que se estudia cobrar al usuario “a partir del año que viene, pero a partir de la primera hora, que seguirá siendo gratuita”, en tanto que en lo que queda del año, seguirá siendo igual que ahora.

–¿Por qué la empresa tiene una ganancia sin hacer inversión? ¿Por qué el gasto lo hace el Estado?

–La empresa va a administrar el servicio y va a cobrar por eso. Nosotros compramos la infraestructura tecnológica, las 200 estaciones con 3500 anclajes para bicicletas. El costo del servicio es de 135 millones en cuatro años, de los cuales, al comienzo del contrato le adelantamos el diez por ciento. Y todos los ingresos que se generen por publicidad y por posible cobro van a ser para la ciudad.

“La discusión no es si se cobra o no –opinó el diputado Rafael Gentili–, sino por qué se privatiza un servicio que el Estado viene prestando bien y en el que estaba haciendo inversiones.” El legislador sostiene que si la ciudad compra las bicicletas y paga por la infraestructura “solo tiene que invertir en el software para manejar el sistema de forma automática. Es un capitalismo para los amigos”, dedujo.

En rigor, la licitación exige que los aspirantes a prestar el servicio tengan al menos un año de experiencia en la gestión del sistema. Como en la Argentina ésta es la primera experiencia, los aspirantes deberán ser empresas extranjeras. Pero, como condición, deberán tener un socio local. La dos empresas que presentaron sus ofertas son la española Indra y la brasileña Serttel. Aún se desconocen cuáles son las socias locales de esas compañías.

“La inversión la hace el Estado. La empresa tiene que instalar en nueve meses las 200 estaciones y pasa a cobrar 2,5 millones de pesos por mes”, advirtió Gentili, integrante de la comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura.

“Es como la fábula del escorpión, que le pide a una rana que la ayude a cruzar el río y luego la pica, y se justifica diciendo que es su naturaleza –compara Sebastián, de la Asociación de Ciclistas Urbanos–. El proyecto siempre funcionó bien, no se ve la razón de semejante movimiento justo con el que es su caballito de batalla.”

El contrato durará cuatro años y será prorrogable por uno más. De esa manera, el Ejecutivo logró esquivar el debate en la Legislatura –se exige la aprobación por ley cuando las concesiones superan los cinco años– y presentó el nuevo sistema como un hecho consumado.