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A más de dos años del feroz desalojo del Parque Indoamericano, en el que fueron asesinadas dos personas, comenzará hoy la ronda de declaraciones indagatorias de los 45 policías de la Metropolitana y de la Federal imputados en la causa. Los efectivos fueron citados por la jueza Mónica Berdión de Crudo, quien los indagará por el delito de “homicidio en agresión”, una figura más atenuada que la de homicidio simple, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Las indagatorias fueron solicitadas por el fiscal de la causa, Sandro Abraldes.

La medida fue dispuesta contra 33 efectivos de la Policía Metropolitana y 12 de la Federal, entre ellos, el comisario Hugo Lompizano, también involucrado en el caso por el crimen de Mariano Ferreyra. Todos los efectivos habían sido beneficiados por un sobreseimiento dispuesto por el juez Otero, pero volvieron a ser imputados por decisión de la Sala I de la Cámara del Crimen.

La represión policial a las familias que se habían instalado en el predio de Villa Soldati se produjo el 7 de diciembre de 2010, aunque los episodios de violencia continuaron en días posteriores. Las balas policiales provocaron la muerte de Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rossemary Chura Puña, de 28, en medio del operativo de expulsión que unió agentes de las policías Federal y porteña. Ambos murieron, en extremos opuestos del parque, por el impacto de balas de plomo idénticas, calibre 12 milímetros, compatibles con las escopetas de munición múltiple que usan las fuerzas policiales.

En diciembre de 2011, después de analizar las pericias, videos y testimonios, el fiscal concluyó que la Policía Metropolitana había sido responsable de los disparos mortales y de las heridas, con el mismo tipo de proyectiles, sufridas por otras seis personas. A la vez, determinó que las órdenes las daba la Policía Federal. Pidió entonces la indagatoria de los 45 efectivos de las dos fuerzas que habían sido individualizados. Pero en apenas dos meses el juez Eliseo Otero, por entonces a cargo de la causa, sobreseyó a todos los sospechosos.

Finalmente, la Sala I de la Cámara del Crimen, con los votos de Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi, dio un expreso aval a la investigación de la fiscalía y a su hipótesis de las responsabilidades policiales.

Según la investigación de Abraldes, los disparos fatales habían salido de un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales de la Metropolitana (una suerte de Guardia de Infantería), encabezados por el comisario Ricardo Ferrón. Identificó al grupo de policías, no al autor puntual de los disparos, y les imputó “homicidio en agresión” ya que “ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía”, por lo cual no correspondía la figura de “homicidio en riña”.

Y determinó que el operativo fue armado en conjunto con la Federal. A los comisarios de esa fuerza implicados les imputó “homicidio y lesiones imprudentes”. Roberto Palavecino y Hugo Lompizano, precisó, daban instrucciones desde la Dirección General de Operaciones. Juan Antonio Quintero y Emilio Miragaya estaban en el Indoamericano.