En medio de un intenso debate que divide a políticos, intelectuales y artistas, los diputados franceses aprobaron ayer el proyecto de ley que pretende limitar el ejercicio de la prostitución en el país, al tiempo que se propone también incrementar las medidas para luchar contra el proxenetismo y la trata de mujeres. La iniciativa ahora será girada al Senado.

El texto, presentado por el Partido Socialista y que sigue la línea abolicionista de la reglamentación en Suecia, impone multas de 1500 euros y la obligación de asistir a cursos de concientización a aquellos clientes que paguen por servicios sexuales. En casos de reincidencia, se contemplan sumas que pueden ascender a 3750 euros. El proyecto se opone al delito de incitación pública creado por el entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy y puesto en vigencia desde 2003, que criminaliza a las oferentes.

Al mismo tiempo, busca enfrentar al proxenetismo a través de medidas de reinserción social para aquellas profesionales que quieran dejar el oficio, tales como la provisión de vivienda, ayuda económica de 336 euros mensuales y la obtención de un permiso de estadía legal y provisional en Francia para las extranjeras. Con el objetivo de llevar adelante este plan, el gobierno dirigido por el presidente François Hollande realizó una previsión de fondos de 20 millones de euros.

La ley contó con 268 votos a favor y 138 en contra, mientras que 79 parlamentarios se abstuvieron. De esta manera, los resultados reflejan la disputa que desde hace varias semanas llevan los sectores que defienden la integridad de la mujer y aquellos que ven en la prostitución un trabajo en libertad de decisión sobre el cuerpo.

Para Najat Belkacem-Vallaud, ministra de los Derechos de la Mujer e impulsora de la medida, “la prostitución implica una relación social forzada que ha de ser castigada”. En la misma línea y en respuesta a los grupos que rechazan la ley, la ministra de Salud, Marisol Touraine, afirmó que “el feminismo no es aceptar que la gran mayoría de mujeres prostitutas sufra violencia y explotación diariamente, por el hecho de que haya una pequeña minoría que puede disponer de su cuerpo al prostituirse”.

Por su parte, diferentes asociaciones sociales, políticos, intelectuales y artistas se mostraron en contra. “La penalización de los clientes es una medida perniciosa que pondrá en peligro la salud, seguridad y vida” de las trabajadoras sexuales, explican desde el Sindicato del Trabajo Sexual, mientras que para el diputado ecologista Sergio Coronado, la ley obligará a las trabajadores sexuales a ejercer su oficio de forma más clandestina y facilitará la actividad de las mafias.