Desde Santiago

Los movimientos telúricos en el norte de Chile no paran. Luego del terremoto de 8,2 grados Richter registrado la tarde del martes, las réplicas se perciben a razón de diez temblores por hora, algunos imperceptibles y otros igual de devastadores como el acontecido la noche del miércoles, cuando un nuevo sismo, esta vez de 7,6 grados, remeció otra vez las golpeadas comunas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Faltaba poco para la medianoche cuando el nuevo terremoto obligó a la población costera a abandonar sus casas y movilizarse hacia áreas seguras. Incluso, la presidenta Michelle Bachelet, que se encontraba en Arica supervisando las acciones en la zona de catástrofe, fue evacuada debido a que su hotel está ubicado en un lugar susceptible de ser inundado en caso de tsunami. “Lo hice como una ciudadana más”, dijo la presidenta que, según un sondeo divulgado ayer, comenzó su segundo gobierno con un 54 por ciento de aprobación.

En principio, Bachelet tenía previsto estar sólo un día en la zona, sin embargo optó por prolongar su permanencia en el terreno. “Hemos venido a averiguar si hay algo en qué ayudar, pero tampoco queremos molestar. Queremos saber cuál es la situación y tratar de ser útil”, dijo Bachelet al llegar a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) regional.

Tras el fuerte remezón, la Onemi y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) dieron el alerta de maremoto para todo el país y que dio paso a la evacuación preventiva masiva y a nuevas escenas de pánico y preocupación. Minutos más tarde, la primera ola llegaba a Iquique y a otras localidades, las que, sin embargo, no superaron el metro de altura.

Salvo algunas complicaciones, los habitantes caminaron hacia zonas en altura en orden, portando kits de emergencia y provistos de frazadas y víveres. “La gente anda tranquila y se nota que tiene una preparación. Caminan con unos bolsitos, lo que hace pensar que andan con abrigo y algo para comer”, destacó la presidenta.

Mientras tanto, en Santiago, pasada la medianoche, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, llegaron a la Onemi, y junto al director de esa repartición, Ricardo Toro, supervisaron el operativo preventivo, que se desarrolló de acuerdo con lo estipulado y donde la gente ha tenido mucho que ver.

La zona sigue inestable. De hecho, el director del Centro de Sismología Nacional (CSN), Sergio Barrientos, informó ayer que, aparte de las diez réplicas por hora en esa zona, los movimientos “se van a extender en el tiempo y algunas van a ser perceptibles, ése es el escenario más probable, lo que hemos observado en el pasado. Creemos que es parte del sistema de liberación de energía que ocurre en el mismo lugar, muy cerca de donde ocurrió el terremoto del 1º de abril, y justamente no es una sorpresa que esto suceda”. Aunque aclaró, respecto de la posibilidad de que ocurra un mega seísmo superior al registrado el pasado martes, que “todavía estamos aprendiendo de lo que está sucediendo en esa región”.

Por la tarde, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz, entregó un nuevo balance: se han registrado 262 temblores, 29 de ellos perceptibles, siendo el mayor el que llegó a los 7,6 grados. Además, unas 270 mil personas fueron evacuadas, por lo cual se mantienen habilitados ocho albergues, debido a que cientos de casas han sido afectadas. Los pescadores artesanales y la agricultura local son los principales rubros afectados, sectores para lo cual el gobierno ya asignó recursos para ir en su ayuda.

La magnitud de este nuevo sismo registrado el miércoles no fue alcanzado por ninguna réplica del terremoto de 8,8 grados que azotó el centro y sur de Chile el 27 de febrero de 2010.

Desde el Ministerio de Hacienda, el jefe de cartera, Alberto Arenas, aseguró que “contamos con los recursos para enfrentar situaciones de emergencia y no existen restricciones en el uso de recursos”. De hecho, antes del nuevo sismo, la presidenta fijó una agenda de once puntos para desarrollar en la región como forma de aplacar los daños registrados. Y mandató a sus ministros a desplegarse por distintos sectores. Ella, incluso, recorrió la zona a bordo de un helicóptero de Carabineros.

Esta pauta se sumó a la señal de celeridad y control que La Moneda ha querido enviar a la opinión pública para no repetir los errores del accionar del 27 de febrero de 2010, que es el principal flanco de críticas de la oposición. En esta línea, desde el Ministerio del Interior aseguraron que las circunstancias son distintas, especialmente porque las comunicaciones estuvieron activas durante toda la emergencia. “Hubo información inmediata, oportuna, para tomar las decisiones”, dijo la presidenta.

Lo que está claro es que a la buena gestión de las autoridades para reaccionar ante la tragedia hay que agregar que la ciudadanía ha jugado un papel clave. Un dato es el uso de servicios de mensajería por sobre las llamadas por voz para no colapsar las líneas. WhatsApp, por ejemplo, anotó un gran incremento de tráfico de mensajes. Luego de ocurrido el sismo, la cantidad de mensajes enviados desde Chile superó los 10 mil por segundo, y se aceleró hasta llegar a un máximo entre las 9.30 y las 10 de la noche, de entre 22 y 23 mil por segundo.

En tanto, desde la propia Onemi descartaron que exista desabastecimiento en las regiones del norte, lugar al que ya se enviaron 50 toneladas de ayuda para poder asistir a las personas afectadas y donde se incluye artículos de primera necesidad, como agua embotellada, cajas de alimento, kits de aseo, frazadas, pañales y colchones, entre otros, que han sido despachados por vía aérea y terrestre.

El punto negro de esta demostración de cultura seísmica se vivió a causa del aprovechamiento de algunos comerciantes a la hora de cobrar por artículos de primera necesidad. En Iquique, el kilo de pan está a 3 mil pesos (seis dólares) y un bidón de agua puede llegar a costar 12 dólares, mientras que el litro de leche no se consigue por menos de cuatro dólares.

La situación está siendo investigada por la fiscalía regional de Tarapacá, ya que la venta de productos básicos a precio desmedido en situación de catástrofe es constitutivo de delito, que tiene penas que van de los 61 días a tres años de prisión y decomiso de la totalidad de la mercadería.