La Legislatura porteña aprobó cuatro leyes que protegen más de 1700 inmuebles de la ciudad de Buenos Aires construidos antes de 1941 y que, al formar parte del conjunto patrimonial local, serán catalogados como patrimonio en el Código de Planeamiento Urbano y no podrán ser demolidos, aunque sí sufrir modificaciones, cuyo grado está determinado por el tipo de protección que recibió. Tres de los proyectos fueron sancionados en segunda lectura, con lo cual ya quedaron aprobados de manera firme; el tercero fue sancionado tras primera lectura, con lo que deberá ser sometido al procedimientos de audiencias públicas para, luego, regresar al recinto legislativo. La cantidad de edificios protegidos por las nuevas leyes representa “el uno por ciento de los inmuebles que fueron construidos antes de 1941”, explicó la legisladora porteña Gabriela Alegre, quien celebró las catalogaciones aunque subrayó que se trata de “una cantidad ínfima”.

La protección de los inmuebles porteños se deriva de una ley sancionada en 2008 a partir de un proyecto de la entonces legisladora Teresa Anchorena, según la cual el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales debe revisar la situación de los inmuebles construidos antes de 1941 para determinar la necesidad de su protección y resguardo. En toda la ciudad, estimó la legisladora Alegre en diálogo con Página/12, los inmuebles previos a 1941 son “más de 154 mil”. La demora en aprobar la protección de los demás inmuebles, señaló, “muestra la falta de voluntad del Ejecutivo por desarrollar una política integral en defensa del patrimonio”.

Las cuatro leyes sancionadas ayer, derivadas de expedientes presentados por el Poder Ejecutivo, fueron apoyadas por todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura. Las leyes establecen dos tipos de protección, de acuerdo con los inmuebles: cautelar, para los casos en que sólo se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción, o estructural, que sólo permite pequeñas reformas. Todos los inmuebles serán incorporados en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano porteño y el Poder Ejecutivo los asentará en la Documentación Catastral correspondiente.

La legisladora Alegre recordó que, durante el proceso previo a la aprobación de las leyes, algunos inmuebles habían sido excluidos de la lista de edificios a proteger. “Algunos de los descartados lo eran porque el Consejo sostenía que no tenían valor, otros ya eran protegidos por otras leyes, y otros ya no existían porque durante el procedimiento habían sido demolidos. Pero algunos legisladores, con el apoyo de ONG como el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas (OPPP), tuvimos diferencias y pedimos la inclusión de más de 140 inmuebles, que se incorporaron a la lista porque pudimos probar que sí tenían valor patrimonial.”

La especialista Mónica Capano, del OPPP, ejemplificó con el caso del inmueble de Gallo 555. “Es una casa que el Poder Ejecutivo porteño había incluido en el listado a proteger, pero que después, curiosamente, quedó fuera. Aunque no esté firmado, es un edificio de Virginio Colombo, que construyó dos iguales, uno en la calle San Juan, tampoco firmado, y otro en la avenida Rivadavia, sí firmado. Los arquitectos inmigrantes al principio no firmaban porque era difícil conseguir equivalencias de títulos, pero en este caso está documentada su autoría. Es una casa característica del barrio del Abasto, con lugares para acopio de verdura debajo y vivienda arriba. Está ornamentada, tiene leones, adornos maravillosos. Es un inmueble que se entiende por su contexto, por la historia del barrio. La protección arquitectónica tiene que ver con eso”, explicó Capano. La especialista recordó que la casa en la que vivió Alfonsina Storni fue demolida mientras se demoraba el proyecto de protección, “porque decían que no tenía valores arquitectónicos, pero ¿qué pasa con el valor histórico? No sólo lo bello de Recoleta merece protección”.

En breve, agregó la legisladora, el procedimiento continuará con un expediente que da cuenta del relevamiento realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo para establecer más protecciones. Además, el PRO se comprometió a trabajar en una ley especial que proteja “algunas casas de chapa típicas de La Boca” y que incluya “ayuda del Estado para poner esas casas en valor”.