El caso de la mujer de Oberá no es aislado. En distintas oportunidades, víctimas de distintos lugares del país expresaron que la Justicia no toma en serio sus denuncias ni pondera el riesgo al que están expuestas. Eso le sucedió a la contadora Graciela Tirador, en Olavarría, en 2012, cuando denunció que su ex novio Luis Pablo Barbato, de 64 años, la amenazaba y no cumplía con la restricción que le había impuesto la Justicia. Pero su denuncia se tomó con liviandad y Tirador no tuvo la protección que buscaba: fue asesinada a golpes el 13 de enero de 2013 y por su femicidio está siendo juzgado desde el lunes Barbato, el único imputado.

También le sucedió a Corina Fernández: ella lo pudo contar, a pesar de que el 2 de agosto de 2010 recibió tres disparos de parte de su ex pareja, Javier Weber, en la puerta del colegio al que concurrían sus hijas, en Palermo. Todavía tiene dos balas alojadas en el cuerpo. Fernández declaró en el juicio en el que Weber fue condenado en 2012 a 21 años de prisión –falleció luego cumpliendo la condena–, que ella llegó a realizar alrededor de 80 denuncias cada vez que él violaba la prohibición de acercamiento, sin recibir una protección adecuada y oportuna. Antes de ese juicio, Weber fue juzgado por desobediencia y amenazas reiteradas y fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso. El tribunal lo dejó libre y a los quince días el hombre baleó a su ex esposa.