SOCIEDAD
Doce policías condenados por matar a un hombre al que creyeron narco
Ocurrió en Jujuy, en julio de 2000. Doce policías federales acribillaron a un almacenero después de confundirlo con el narco que buscaban. Ayer fueron sentenciados a penas de entre 6 y 22 años. Los familiares de los policías, a los insultos y amenazas.
Lo confundieron con un narcotraficante y lo mataron de un disparo. Luego, montaron una escena para fingir un enfrentamiento. Se trata de doce policías federales que ayer fueron sentenciados a penas de entre 6 a 22 años de prisión por el asesinato del almacenero Manuel Alfonso Fernández, en Jujuy, hace tres años. Tras conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal de esa provincia, allegados y amigos de los policías condenados amenazaron de muerte a los familiares de Fernández, a los periodistas locales que cubrieron el caso y también a los magistrados que intervinieron en el juicio, quienes pudieron abandonar los tribunales después de un asedio que duró seis horas.
Los camaristas aplicaron penas más altas incluso que las pedidas por la fiscalía y ordenaron trasladar a los condenados al cuartel que la Gendarmería Nacional posee en la provincia de Santiago del Estero, por considerar que no existe en Jujuy una unidad carcelaria adecuada donde alojarlos. Recién en cinco días se conocerán los fundamentos del fallo.
Entre los condenados figuran el comisario Juan Manuel Gallegos y el subcomisario Carlos Voigt, los oficiales que conducían la delegación de la Policía Federal destacada en Jujuy. Ambos estaban procesados, pero en libertad, y el tribunal ordenó detenerlos para que cumplan 6 años de prisión. El oficial Héctor Quintana fue condenado a 20 años y los suboficiales Juan Carlos Biassini, Marcelo Fernando Soria, José Martínez, Andrés Giménez, Juan Gustavo Fernández, Mario Marcelo Julián, Hugo René Navarro y René Dardo Arias fueron sentenciados todos a 19 años de cárcel.
En tanto, el suboficial Raúl Gaspar recibió 22 años, la pena más alta. Además, los magistrados procesaron por falso testimonio a Eduardo González Conde, médico legista de la Federal, que revisó el cuerpo del almacenero Fernández en el lugar del hecho.
En la madrugada del 2 de julio de 2000, Manuel Alfonso Fernández retornaba a su casa desde el paraje Ocloyas. A quince kilómetros de San Salvador de Jujuy, una partida policial, en una supuesta operación de búsqueda de narcóticos, lo detuvo. Según la versión de los acusados, Fernández se asustó y huyó. Comenzó una persecución, los policías lo alcanzaron en el barrio Chijra y lo mataron de un tiro en la cabeza. Los efectivos policiales afirmaron que la víctima les había disparado y que le secuestraron 200 gramos de droga entre sus ropas.
Pero los inexistentes antecedentes del almacenero y las contusiones que presentaba en su cuerpo sembraron dudas entre los funcionarios judiciales que instruían en la causa. Además, pericias posteriores demostraron que el disparo mortal fue efectuado a menos de 40 centímetros, algo inusual en la lógica de un enfrentamiento armado.
Según trascendió, un detenido les había suministrado a los policías el dato sobre un cargamento de cocaína que viajaba en una camioneta Ford verde con cúpula blanca. El vehículo de Fernández tenía una cúpula del mismo color, pero estaba pintado de rojo. Se conjetura que la poca luz y el cansancio determinó la confusión. En su alegato, el fiscal de la causa, Marcelo Eloy Gutiérrez, consideró probado que los efectivos plantaron un arma y droga en la escena del delito. Sin embargo, no se pudo establecer si Fernández murió donde dijeron los policías o en otro lugar.
Tras leerse la sentencia, allegados, familiares y amigos de los condenados irrumpieron en gritos y amenazas contra todos casi todos los presentes. Uno de ellos amenazó de muerte a Rosario Reinoso, la viuda de Fernández, y a la periodista Carmen Puente de FM Centro. “Sé dónde vivís, hija de puta, y te voy a ir a buscar. Sos boleta”, le espetó con furia.
Unas cincuenta personas rodearon los tribunales. Insultaban a los camaristas, calificándolos de “narcos”. Durante seis horas les impidieron la salida.
Alcira Reinoso, cuñada de Fernández, afirmó a Página/12 que “lo más importante” es que el nombre de su pariente político quedó “limpio”. “Para salvarse de ir presos dijeron un montón de cosas. Que Manuel era narco y no sé cuántas mentiras más. Ahora, puede descansar en paz”, remarcó.
Informe: Leonardo Castillo.