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La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al primer Presupuesto de la era Kirchner. El oficialismo obtuvo una amplia mayoría en la votación en general, gracias al apoyo de radicales, ex frepasistas y algunos provinciales, y también se impuso sin inconvenientes en la votación en particular de los más de cien artículos que componen el proyecto. Uno de los pocos momentos en que se suscitó una discusión intensa, en medio de una sesión tediosa por la resignación que mostró la oposición al no poder alterar nada de lo que dispusiera el peronismo, fue cuando se trató el artículo 13. Ese artículo transforma al resto de la ley en letra muerta, ya que concede al jefe de Gabinete poderes extraordinarios para modificar la asignación de recursos según lo considere necesario. El artilugio es utilizado desde mediados de los ‘90 en forma ininterrumpida, pero esta vez las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo son mayores, pues ni siquiera quedan limitadas por la Ley de Administración Financiera.
El presidente de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, fue quien defendió la aprobación del artículo 13. Muchos diputados se sorprendieron porque el oficialismo decidió ignorar lo que había acordado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando se emitió el dictamen del Presupuesto, y en lugar de avanzar con la redacción del artículo convenida en esa oportunidad, se repuso el texto que había enviado el Gobierno. La diferencia es que esta segunda opción da todavía mayores permisos al Poder Ejecutivo. Elisa Carrió, Patricia Walsh, Héctor Polino y Alicia Castro, entre otros opositores, reaccionaron, pero la votación terminó con el triunfo del justicialismo por 90 a 74 (ver aparte).
La ley de Administración Financiera reserva al Congreso las decisiones que afecten el monto de endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar gastos corrientes (sueldos y otros administrativos) en detrimento de los gastos de capital (obras públicas). Sin esa inhibición, el Gobierno podrá aplicar cualquier redistribución de partidas sin intervención parlamentaria.
La asignación de recursos que propuso el Gobierno, de todos modos, no generó grandes cuestionamientos. El presupuesto contempla aumentos en los fondos para las carteras de Desarrollo Social (982,3 millones más que en 2002), Planificación Federal (1004 millones), Trabajo (1693 millones) y Educación y Ciencia y Tecnología (610 millones). Sin embargo, en términos reales el año que viene habrá un ajuste del gasto, ya que su incremento nominal no alcanzará a compensar el impacto de la inflación. Con 62.012,2 millones de pesos de ingresos y 59.708,6 millones de gastos, el achicamiento del gasto real será del 0,8 por ciento respecto de este año. También disminuye como proporción del PIB, en un 0,6 por ciento. El Gobierno prefiere disimular ese dato y destaca que repartirá más fondos para el gasto social, la educación y las obras públicas.
En cuanto a las obras, el radicalismo objetó que hay 160 iniciativas previstas que carecen de fondos específicos para su financiamiento, por lo que algunos sospechan que no son más que una declaración de buena voluntad. También mereció reproches que se hubieran aprobado junto al Presupuesto normas que blanquean lo actuado por el gobierno de Eduardo Duhalde. En concreto, se ratificó el esquema final que tuvo la pesificación, las compensaciones a los bancos por 16.000 millones de pesos y la ejecución del Presupuesto 2002, esto último sin pasar por la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso.
En los supuestos macroeconómicos, el PJ fue acompañado por un sector de la oposición, que consideró una proyección razonable que la economía crecerá 4 por ciento en 2004, que la inflación será de entre 9 y 11 por ciento y que el dólar promediará los 2,86 pesos. Desde el ARI, el socialismo y las distintas expresiones de la izquierda hubo críticas, denunciado que el Presupuesto esconde recursos que podrían destinarse a crear una mejor red de contención social. También dijeron que no hay uncambio de concepción importante respecto de otros presupuestos, dado que el objetivo central es cumplir con el superávit fiscal de 3 puntos del PIB que se acordó con el FMI. El Gobierno buscó desarticular esas críticas con los últimos aumentos de jubilaciones y el pago adicional en planes sociales.