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La elección del defensor del Pueblo porteño ya tiene fecha: la Legislatura porteña prevé designar al titular y a los cuatro adjuntos del cuerpo el próximo jueves 20. Aunque todavía no está cerrado el acuerdo –se necesita el voto de 40 diputados, los dos tercios de la Legislatura–, todo indica que el reemplazo de Alicia Oliveira recaerá en un peronista. Es más: pese a las críticas, tres de los cinco cargos en disputa recaerían en actuales diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre. Como para terminar de apurar los tiempos, ayer la Legislatura no aceptó prorrogar los mandatos de los actuales adjuntos, que finalizan el próximo martes. Desde ese día, la Defensoría quedará a cargo del titular interino, Alejandro Nató. “Si la elección fracasa, el funcionamiento del organismo quedará seriamente lesionado”, advirtieron los adjuntos que terminan su mandato.
La sesión especial de ayer, convocada por la Legislatura para la elección de los defensores, pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves. Es una de las últimas oportunidades que tiene el cuerpo, con esta composición, dado que los legisladores terminan su mandato en menos de un mes: si no hay acuerdo ahora, habrá que barajar y dar de nuevo. Pero con las mismas cartas: los candidatos son los mismos 31 que quedaron consagrados por la Legislatura.
La elección había fracasado el 16 de octubre, a raíz de una medida judicial: la jueza Patricia López Vergara hizo lugar a un recurso de amparo en el que se cuestionaba la candidatura de legisladores. “El proceso es ilegítimo, porque los diputados se pueden votar a sí mismos”, dijo la jueza, quien dispuso que la Legislatura debía salvar esa falencia.
La Legislatura decidió ignorar esa resolución y se dispone a seguir adelante con el proceso.
Entre los candidatos se encuentran los diputados Alicia Pierini (PJ), Atilio Alimena (Compromiso para el Cambio), Luis Peduto Pardo (ARI), Roque Bellomo (Frente Grande) y Claudia Serio (UCR); los actuales defensores adjuntos Gustavo Lesbegueris, Diana Maffía y Antonio Elio Brailovsky, y el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
Según establece la Ley 3 de la ciudad, para la elección del ombudsman se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de la Legislatura, de manera que el acuerdo político resulta inevitable. Lo que sí pudo evitarse, como se señaló en la audiencia pública celebrada el 22 de septiembre, es que los candidatos más firmes sean diputados que cesan el 10 de diciembre: cuesta creer que no se tratará de un reparto de cargos por cuestiones políticas. “Tampoco hubo candidatos interesantes propuestos por la sociedad civil”, argumentó un diputado, en defensa de la candidatura de sus pares.
En la sesión de ayer, la diputada Delia Bisutti (ARI) puso a consideración un proyecto para “prorrogar el mandato de los adjuntos hasta tanto se designe a sus reemplazantes”. El cuerpo rechazó su tratamiento.
“Es una presión para conseguir los dos tercios que necesitan para la votación”, se quejó Brailovsky, adjunto y candidato. “Llama la atención que para la Auditoría hayan concedido la prórroga ante el vencimiento de los mandatos, y para la Defensoría no”, agregó Lesbegueris.
Con esta decisión de los legisladores, si no hay acuerdo antes del 10 de diciembre, serán los próximos diputados los que se hagan cargo de la elección. El trámite llevará tiempo pues la negociación deberá empezar desde cero. “Mientras tanto, quedará seriamente lesionado el funcionamiento de la Defensoría”, alertó Lesbegueris.
Hasta ayer, en la Legislatura se mencionaba como la candidata más firme a Alicia Pierini. El principio de acuerdo incluía, como adjuntos, a la radical Claudia Serio, el macrista Atilio Alimena y a Graciela Muñiz quien, además de esposa del diputado Raúl Puy (socialista), es titular deuna ONG dedicada al trabajo con discapacitados. El quinto lugar, que en principio estaba reservado a Bellomo, estaría destinado a Lesbegueris.