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Si el país estaba en emergencia sanitaria, ahora hay un decreto de necesidad y urgencia que lo declara en forma oficial. El presidente Eduardo Duhalde le puso ayer la firma a la norma que introduce, entre otros puntos, la prescripción de medicamentos por su nombre genérico (recetar la droga básica en lugar del nombre comercial) y habilita a los farmacéuticos para sustituir el medicamento recetado por otro con el mismo principio activo pero de menor precio. Ambas medidas –resistidas por la industria farmacéutica– no entrarán en vigencia en forma automática sino que necesitan una reglamentación, ya que su aplicación para recetas de obras sociales y prepagas se prevé complicada. El ministro de Salud, Ginés González García, impulsa también un aumento en un punto de los aportes patronales destinados a las obras sociales, pero ese ítem no fue incluido en esta norma.
“Es un decreto fuerte, que apunta a un cambio estructural en materia de financiación, regulación y políticas de salud”, dijo el ministro a Página/12. El decreto 486 consta de 37 artículos, el primero de los cuales declara la “emergencia sanitaria nacional” hasta el 31 de diciembre de este año “a efectos de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud”.
Cuatro semanas demoró el Gobierno en elaborar un decreto destinado a apagar el incendio en el sistema nacional de salud. El ministro atribuyó la demora a la complejidad de los temas abordados, que debieron ser estudiados por distintas áreas del gabinete. Otras fuentes adjudican la tardanza al fuerte lobby empresario contra el aumento de los aportes patronales y de los laboratorios en oposición a los genéricos.
El decreto firmado por Duhalde destina una partida de 50 millones de pesos para todo el año, proveniente del presupuesto asignado al Ministerio de Salud, para la compra de medicamentos e insumos de uso hospitalario. Esta partida estará destinada exclusivamente a la compra de fármacos para pacientes internados y para insumos hospitalarios.
Para los pacientes ambulatorios, en tanto, se crea un Programa Nacional de Universalización del Acceso a Medicamentos, cuyos primeros destinatarios serán los 5 millones de beneficiarios del seguro para jefes y jefas de hogares. “Esto no alcanza a cubrir a otros 10 millones de pobres, para quienes se destinarán los créditos internacionales del BID y del Banco Mundial, que estarían disponibles en 60 días”, dijo González García.
La norma faculta al ministerio a establecer un mecanismo de monitoreo de precios de insumos y medicamentos y, “en casos de alzas injustificadas o irrazonables”, buscar alternativas de importación directa.
También se faculta a los médicos a prescribir medicamentos por su nombre genérico, y a los farmacéuticos, a sustituir el medicamento recetado por otro “que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades pero con menor precio”. Esta normativa, que en la provincia de Buenos Aires es obligatoria, se convierte a nivel nacional en meramente indicativa. “Para la aplicación por parte de obras sociales y prepagas, será necesaria una reglamentación”, admitió el ministro.
El decreto, además, suspende hasta fin de año la ejecución de sentencias que condenen a obras sociales y al PAMI al pago de sumas de dinero. Y deja sin efecto las restricciones para que las obras sociales contraten prestaciones con colegios profesionales.
En cuanto al sistema de obras sociales, el decreto modifica los aportes al Fondo Solidario de Redistribución, que se destina a tratamientos de alta complejidad: para los que aportan a obras sociales de personal e dirección y a asociaciones profesionales de empresarios, el aporte a ese fondo crece del 15 al 20 por ciento del monto descontado, para los que ganan más de 1000 pesos, y del 10 al 15 por ciento para los que están por debajo de esa cifra. En ningún caso, la modificación implica un aumento de los aportes que hace el afiliado.
Quedó en el tintero el aumento de un punto los aportes patronales (o, para decir mejor, el restablecimiento del punto que había quitado Domingo Cavallo), que para el ministro, con una recaudación baja, permitía reunir este año 950 millones de pesos, destinados a las obras sociales sindicales y al PAMI.