Organizaciones y referentes del movimiento de mujeres alertaron sobre un eventual desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, luego de los cambios dispuestos en la estructura del Ministerio de Salud por el decreto 114/2016, firmado por Mauricio Macri el 12 de enero y publicado ayer en el Boletín Oficial. A través de un comunicado de prensa, las entidades advirtieron que “sus funciones se encuentran formalmente suspendidas” desde el 4 de enero, y que “se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los derechos”. Consultado por este diario, el vocero del ministro, Patricio Ancarolla, negó que exista la decisión política de eliminarlo, pero lo cierto es que no aparece en el nuevo organigrama de la cartera que encabeza Jorge Lemus.

En diálogo con Página/12, la secretaria de Género de la CTA e integrante del consejo consultivo del Programa, Estela Díaz, advirtió que “peligran la continuidad de suministro de insumos como métodos anticonceptivos, las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de salud”. Junto a otros miembros de ese organismo, Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Susana Chiarotti, de Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario, Díaz pidió ayer una reunión urgente a las nuevas autoridades del área, para conocer el futuro del PSSyR.

“Este programa contaba con una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo y los resultados beneficiosos para la población. Esta alteración en el organigrama atenta contra la puesta en valor y jerarquía de los mismos, disolviendo así el trabajo de construcción colectiva que había logrado poner a los derechos sexuales y (no) reproductivos en la agenda de la política del Estado Argentino”, señaló en un pronunciamiento el Frente Feminista de Defensores de DD.HH., al que adhirieron la Red de Mujeres, el Frente de Mujeres Evita, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras organizaciones.

El Programa fue creado en 2003, por la ley 25.673 sancionada por el Congreso un año antes: fue el resultado de la movilización y el activismo del movimiento de mujeres. “Nos llevó veinte años de democracia lograr esa ley. Fue una larga lucha”, destacó Díaz. “El Programa vino a cumplir aspectos de una política fundamental para toda la población”, apuntó la secretaria de Género de la CTA. Puntualmente, el PSSyR, que se consolidó a lo largo de la década kichnerista, incorporó a la política sanitaria los derechos sexuales y reproductivos. Con presupuesto propio, venía comprando métodos anticonceptivos para distribuirlos luego a través del Plan Remediar en hospitales y centros de salud de todo el país, donde se entregan de forma gratuita. Además se ocupaba de la capacitación de profesionales de la salud y realizaba tareas de promoción comunitaria. Entre otras acciones fundamentales, desarrolló guías de atención de los abortos no punibles, de aplicación de la ley de Identidad de Género, sobre métodos anticonceptivos, entre otras temáticas, la mayoría de las cuales son bibliografía obligatoria para los médicos en los exámenes de Residencia Unificada de todo el país. A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, incorporó la compra de hormonas para proveer en centros de salud a personas trans, que las necesiten, y de insumos para los tratamientos de fertilización asistida.

El alerta sobre su funcionamiento futuro surgió luego de que en los últimos días el personal recibiera una orden de las nuevas autoridades de suspender todas las actividades que venían desarrollando.

Las organizaciones de mujeres alertaron además, que “en la provincia de Buenos Aires se sigue la misma línea de desmantelamiento y pérdida de la jerarquía. Actualmente el Programa Provincial se presenta como una dependencia del Area de salud de la Mujer, esto contraría la perspectiva de género con la que se venía trabajando subsumiéndose los temas de salud sexual a lo meramente reproductivo, invisibilizando las necesidades de una población diversa”.

Por ley, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene entre sus objetivos:

- Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia;

- Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;

- Prevenir embarazos no deseados;

- Promover la salud sexual de los adolescentes;

- Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias;

- Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;

- Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.