El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó ayer un ajuste fiscal neto de uno por ciento del PIB, aunque considerando el impacto de la quita de retenciones y otros beneficios impositivos, el recorte treparía a 3,6 puntos del PIB (ver página 6). El funcionario elogió la política de despidos masivos en el Estado, aceptó los del sector privado y se quejó de las subas desmedidas de los precios. Lejos de hacerse cargo del ajuste, los despidos y de la aceleración inflacionaria por la devaluación, atribuyó todos esos hechos a la supuesta necesidad de aplicar una corrección a la economía heredada. El plan ortodoxo que el Gobierno disfraza de inevitable: definir un techo a las paritarias a través de metas de inflación, pagar a los fondos buitre y despedir empleados del Estado como forma de ajustar el gasto público.

Prat-Gay estableció metas decrecientes de inflación, empezando por una franja del 20 al 25 por ciento para 2016, y definió un objetivo fiscal que prevé un fuerte recorte de subsidios y de otros gastos que vinculó con el “derroche” de la gestión anterior. Justificó que los 18 mil despidos en el sector público le permiten al Estado deshacerse de la “grasa de la militancia” y aseguró que se abrirán concursos. También se desligó de los despidos en empresas del sector privado. Planteó que el no pago a los fondos buitre incrementó la factura del juicio, que espera resolver en el corto plazo a partir de las negociaciones en Nueva York.

El diagnóstico del Gobierno es que las primeras medidas económicas, como la liberación de los controles cambiarios y la devaluación, la eliminación de retenciones (baja en el caso de la soja) y de diversos controles a las exportaciones e importaciones forman parte del cuadro de “normalización” de la economía. “A partir de las medidas que tomamos se van a liberar las potencialidades de la economía. Para que la economía dé más, hay que facilitarle la vida, no complicarla con controles”, dijo Prat-Gay para justificar por qué este año mejoraría la productividad. Es el sentido común liberal: si el Estado no se interpone, la creatividad del empresario aumenta y con ello florece el bienestar general.

Sin embargo, Prat-Gay admitió que este primer paquete de medidas tiene un alto costo inflacionario. “La línea divisoria será claramente el final del primer trimestre”, dijo. En ese momento las variables se acomodarían a la previsión oficial y al postulado de “pobreza cero”, a pesar de que la gran mayoría las medidas tomadas hasta ahora fueron en sentido inverso, en contra de los sectores populares y a favor de los más concentrados.

La cuenta fiscal

Uno de los caballitos de batalla del Gobierno es la demonización del déficit fiscal como propulsor de la inflación, aunque el rojo del Tesoro sea más alto en otros países, incluso del mundo desarrollado, donde hay problemas de deflación. Prat-Gay detalló que el déficit de 2015 es de 2,3 por ciento del PIB, pero que esa cuenta no contabiliza los gastos no pagados y que anota recursos “truchos” del Banco Central y de la Anses. Entonces, el déficit fiscal en 2015 sería de 5,8 por ciento del PIB, “el más alto de los últimos 30 años. Es un Estado que derrocha, que gasta mal”.

Prat-Gay le sumó a esa cuenta 26 mil millones de pesos que la AFIP devolverá a contribuyentes por gastos en el exterior y compra de pasajes y también el impacto fiscal de las promesas de campaña, algunas de las cuales ya se aplicaron y otras no, como la quita de retenciones (estimó un costo de 5 mil millones de pesos), la extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los monotributistas (7600 millones), la devolución del IVA en bienes de la canasta básica a beneficiarios de la AUH y jubilados con la mínima (10,3 mil millones) y la suba del mínimo no imponible de Ganancias (57 mil millones) menos percepciones de la AFIP por el impacto positivo en el consumo. En total, todas estas medidas elevarían el déficit fiscal en un monto equivalente a 1,3 por ciento del PIB. “El punto de partida es un déficit de 7,1 por ciento del PIB”, sumó.

El Gobierno explica que cerrará 2016 con un déficit del 4,8 por ciento, lo que equivale a una reducción, según Prat-Gay, del 2,3 por ciento, unos 170 mil millones de pesos. De ese total, el 1,5 por ciento del PIB, unos 105 mil millones de pesos, se dejarán de destinar a subsidios a los servicios públicos, dijo Prat-Gay, es casi el 40 por ciento del total de los subsidios. “Dejaremos de subsidiar al 30 o 40 por ciento más rico de la sociedad. Sólo se va a subsidiar a los que más lo necesitan”, anticipó. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya anunció que desde febrero llegarán las facturas de luz y gas con fuertes subas.

El restante 0,8 por ciento de la reducción del déficit vendrá por el lado del “reordenamiento del gasto”. Según Prat-Gay, se trata de “licitaciones de obras públicas no regulares, pagos de obras que luego no se hacían y los ñoquis, como ya habrán visto”. El ministro incluso llegó a soltar que “los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de la militancia”. Dijo que se abrirán cargos por concurso en el Estado. A continuación, el ministro estableció que el objetivo de déficit fiscal es de 3,3 por ciento del PIB en 2017, 1,8 en 2018 y 0,3 por ciento en 2019.

Inflación

“Así como tuvimos un shock al salir del cepo cambiario, en el tema fiscal e inflacionario seremos cuidadosos pero con mano dura para avanzar hacia los objetivos que nos planteamos”, dijo Prat-Gay. Consideró que la inflación de 2015 se ubicó entre 28 y 30 por ciento anual y fijó metas decrecientes. En 2016 la franja objetivo es del 20 al 25 por ciento; en 2017, de 12 a 17 por ciento; en 2018, del 8 al 12 por ciento, y en 2019, del 3,5 al 6,5 por ciento. Sin embargo, no dio muchos argumentos que justifiquen esa baja en la inflación, más allá de su expectativa por la reducción del déficit fiscal. Los programas de metas de inflación consideran clave a la ortodoxia fiscal y monetaria y la fe en que los agentes económicos le crean a la pauta que definen el Gobierno y el Banco Central.

“Llevamos ocho años con inflación superior al 20 por ciento, que es parte de la herencia. Y hay precios que fueron a otra velocidad. Ese desajuste de precios relativos lo empezamos a corregir con la unificación cambiaria”, consideró Prat-Gay. La liberalización económica en sí misma es para el Gobierno un paso en favor de la reducción de la inflación, a pesar de que haya echado nafta a los precios con la devaluación, eliminación de retenciones y próxima quita de subsidios a las tarifas.

Prat-Gay sostuvo que “el costo de la salida del cepo fue una pequeña joroba en la inflación”. “Lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Capaz no es la sensación que tiene uno cuando va al almacén, pero nosotros estamos viendo que el salto de la inflación por la salida del cepo ya lo hemos superado y estamos aterrizando en la primera quincena de enero hacia niveles similares a los que teníamos en septiembre y octubre últimos”, destacó, aunque el Indec dejó de proveer datos oficiales. La “pequeña joroba” es un aumento en los alimentos que superó el 20 por ciento y llegó hasta el 60 por ciento en algunos casos. Los analistas calculan que la inflación en diciembre fue del 4 por ciento y en enero Orlando Ferreres estimó un 6 por ciento de inflación. Prat-Gay no dio detalles sobre la supuesta retracción de algunos precios.

Empleo y paritarias

“Ahora los sindicatos tienen un número menos con el cual distraerse”, comentó Prat-Gay sobre la suspensión de la divulgación del índice de precios del Indec. En cambio, dijo que “haremos un promedio con los datos que andan circulando”. Sin embargo, Prat-Gay insistió en su franja de 20-25 por ciento como meta inflacionaria para 2016, lo que representa el techo que el Gobierno quiere imponer para las paritarias de este año. Ese límite no es una especulación sino que Prat-Gay lo hizo explícito.

“Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20 a un 25 por ciento de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado. Es decir, o va a vender menos –por impacto de los mayores costos, que dejarían al producto por encima de los demás en términos de precios– o tendrán que ajustar por el lado del empleo”, describió Prat-Gay.

El ministro además se desligó de la delicada situación laboral en varios sectores de la economía, como el caso de la avícola Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo, las denuncias de vaciamiento del Grupo 23, las suspensiones en la textil Felson, proveedora de Kevingston, los despidos en empresas de Techint y las dificultades en empresas metalúrgicas. “Es parte de la herencia. No creo que el empresario tome la decisión de un día para el otro. Se trata de sectores que vienen sufriendo hace tiempo. Si toman esa decisión es por los últimos cuatro años”, se desentendió Prat-Gay. No prometió, ni mucho menos, que el Gobierno intervenga para frenar los despidos. A pocas palabras, buen entendedor: ante la catarata de trabajadores echados en el Estado, los empresarios rápidamente empezaron el proceso de achicamiento, a la espera de que el Gobierno no pregone hacia afuera lo que no hace puertas adentro.

Prat-Gay sólo mencionó que el Gobierno sostiene el precio interno del petróleo para evitar despidos en la industria local, que amenazarían la situación social en la Patagonia e incluso arriesgó que “bajamos el impuesto a los autos –en relación con la reducción del impuesto interno a los autos de lujo–. Si no lo hubiéramos hecho, este año la industria automotriz tendría más despidos”, aunque el 80 por ciento de los vehículos de lujo son importados.