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El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, convocó a una conferencia de prensa en la que se esperaban anuncios sobre las negociaciones llevadas adelante ayer en Nueva York con los fondos buitre. Dijo poco y nada. Se limitó a compendiar la visión que Mauricio Macri expresó desde el día cero del fallo de Thomas Griesa: pagar sin chistar discutiendo, en el mejor de los casos, sobre la acumulación de intereses, “el taxi” que sigue corriendo. También descargó responsabilidades en el kirchnerismo, al que acusó de sostener una pseudo dureza en la negociación, lo que graficó por el arreglo “en 48 horas” con el Club de París, a quien se le habría pagado “intereses como nunca en la historia”, contra los “15 años” de demora en arreglar con los “holdouts”; como si la sumatoria de reestructuraciones no hubiese existido y como si prácticamente la totalidad de la deuda no se hubiese regularizado y, buena parte, pagado. En suma, una perspectiva más acorde a su viejo empleo en el JP Morgan que a la del titular del área económica de un país soberano. Así, las trabas al crecimiento de la economía durante los últimos cuatro años habrían sido una consecuencia de no arreglar con los acreedores más litigiosos, lo que habría devengado un costo adicional de intereses de más de 6000 millones de dólares.

Pero el pago sin chistar a los buitres, que amenaza con retrotraer la situación de la deuda pública en divisas a etapas anteriores a la reestructuración, no fue el centro de la exposición. El objetivo principal del ministro fue relatar los objetivos económicos de la nueva administración, una remake de lugares comunes de la ortodoxia, a los que sumó una cargada dosis de voluntarismo al momento de exponer los factores que explicarán la potencial reactivación, la que ahora se produciría recién a partir de 2017.

Prat-Gay empezó por “la herencia recibida”. Según sus números, el déficit fiscal que habría dejado la anterior administración no sería de apenas 2,3 puntos del PIB, sino del 5,8: “El déficit primario más alto de los últimos 30 años”, que sería producto del derroche y de gastar mal en un año con “recaudación record en los últimos 200 años”. Raro, todo funciona mal, pero la recaudación es record histórico.

Para inflar los números el ministro recurrió al procedimiento de manual: aumentó gastos y redujo ingresos. Nada muy sofisticado: presentó a sus secretarios como verdaderos detectives y denunció una “disciplina fiscal trucha” plasmada en una suerte de “gasto pero no pago”, es decir; una deuda flotante de pago a proveedores y organismos por alrededor de 1,1 punto del PIB, unos 110 mil millones de pesos que no detalló. Por el lado de los ingresos consideró espurias las transferencias del Banco Central al Tesoro por 78.000 millones de pesos y la registración como ingresos de los intereses ganados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Quizá advirtiendo lo flojito de papeles de contabilizar estos factores como menores ingresos, reconoció que era una discusión teórica pendiente, pero vale aclarar que, en el caso del BCRA y el Tesoro se trata de movimientos entre cuentas de un mismo dueño que por razones ideológicas el ministro insiste en separar. Es caso de la Anses es simplemente una cuestión de registro contable. Y las deudas flotantes entre años son un clásico de todos los presupuestos anuales.

A la herencia recibida el ministro sumó la inflación. Lo hizo de una manera particular, pues consideró al pico producido entre fines de noviembre y todo diciembre, un subproducto de las promesas devaluatorias y la posterior devaluación llevada adelante por su fuerza política, como responsabilidad del gobierno anterior, pero también, por partida doble, como un éxito en el proceso de sinceramiento de precios relativos que acompañó la salida del “cepo”, pues según sus mediciones, las previsiones para la primera quincena de enero serían de una inflación similar a las de septiembre y octubre. Así, la devaluación apenas se habría expresado en “una joroba”; sin dudas un dato para anotar cuando todavía no se produjeron los prometidos ajustes tarifarios.

La proyección del Gobierno para los próximos cuatro años es de una inflación del 20-25 por ciento en 2016, del 12-17 en 2017, del 8-12 en 2018 para terminar en 2019 en el 5 por ciento. El dato notable aquí es que estos números no se compararon con el realmente importante: el crecimiento esperado del PIB para el período.

El dato saliente es que el ministro cree que en 2016 no habrá tiempo para que ya “liberadas de las fuerzas productivas reprimidas” se recupere el nivel de actividad, hecho que ahora se trasladó a 2017. Pero el dato verdaderamente preocupante es que Prat-Gay crea que “terminar con el derroche” será suficiente para que la economía se reactive. Hasta ahora, todo lo anunciado son las viejas recetas del neoliberalismo recesivo sin nada que tire del carro del crecimiento.