El presidente Mauricio Macri anuló el decreto que, tras un fallo de la Corte Suprema en favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe, dictó su antecesora para devolver a todas las provincias el 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables destinados a financiar la Anses. Cuando Cristina Fernández de Kirchner firmó aquel decreto, Macri lo cuestionó y dijo que “se podía ir por la puerta grande, pero eligió la chica”. Ayer lo anuló. En el Gobierno indicaron que ya estaba hablado con los gobernadores. A pesar de esto, Tucumán, La Pampa y Río Negro se pronunciaron en contra y Santa Fe aclaró que esto no la afecta. Río Negro ya había presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

En los últimos días del gobierno de CFK, la Corte Suprema resolvió una vieja disputa de la Nación con tres provincias, que reclamaban que se les devolviera los fondos coparticipables de la Anses. La entonces presidenta firmó el 30 de noviembre del año pasado un DNU que extendía a todas las provincias el beneficio de devolución del 15 por ciento que se le retenía a las provincias. “Me parece que queda claro que la presidenta no quiere colaborar”, la cuestionó Macri en ese momento, lo que indicó que, tarde o temprano, esa decisión sería revisada. Ayer llegó el día.

Con un Decreto de Necesidad y Urgencia, Macri revocó la decisión de su antecesora. En el Gobierno, indicaron que el DNU es la consecuencia de un fallo del 9 de diciembre de la jueza Liliana Heiland, quien suspendió el decreto de CFK con una cautelar que había pedido la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República Argentina. “La declaración de inconstitucionalidad la hizo un juez. El decreto es la consecuencia”, indicaron en Balcarce 50. Y remarcaron que la decisión de la Corte era para tres provincias, no para las otras veintiuno.

En los considerandos, el decreto de Macri indica que la medida dispuesta por el gobierno anterior traía “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico, toda vez que el impacto negativo que origina dicho decreto al financiamiento de la administración nacional de la seguridad social deberá ser compensado con un ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional, con el agravante de que dicha norma no prevé la posibilidad de atender ese déficit con el uso del crédito público, circunstancia que empeora las políticas presupuestarias”.

El DNU indica también que, de no anular la decisión, “el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento, situación que se agravaría en forma notable de no mediar la inmediata extinción del mencionado decreto”.

Macri además avanzó con una crítica hacia el exceso del uso de los DNU por parte de su antecesora, algo que ahora le están cuestionando sus adversarios al líder del PRO. Textualmente, dice que en el DNU derogado “se vulnera la expresa limitación constitucional del artículo 99, inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva”.

Si bien la medida fue criticada desde un primer momento por Macri, la decisión de anularla tomó su tiempo. Fue el lapso necesario para que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tuviera reuniones mano a mano con los gobernadores y preparara el terreno para no tener una catarata de críticas (y acciones judiciales). En esas charlas, Frigerio viene conversando sobre una reforma en la Ley de Coparticipación, una de las metas más ambicionas del gobierno PRO. “La anulación del decreto se venía venir. Nosotros queremos plantear la discusión en el Congreso y hacer una reforma estructural”, indicaban en el gobierno nacional. Las charlas dieron cierto resultado: el gobierno de Córdoba, por ejemplo, no dijo absolutamente nada al conocerse la noticia. Juan Schiaretti fue uno de los pocos gobernadores en estar sentado en primera fila cuando asumió el gabinete macrista, que cuenta en Turismo con un hombre de su riñón.

Con una relación herida por el reciente pase de facturas por los prófugos, en Santa Fe no se callaron. El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, recordó que el fallo de la Corte está firme e indicó que la anulación del decreto de CFK “no afecta en modo alguno” a Santa Fe. Insistió en que deben convenir cómo devuelven los fondos en un plazo de 120 días. En tanto, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, afirmó que “no es posible que haya tres provincias con coparticipación plena y el resto tenga un 15 por ciento menos”. Carlos Verna, de La Pampa, también mostró su disgusto con la medida: “Macri habla de federalismo y es cada vez más unitario”. Por su parte, el gobierno de Río Negro lamentó la decisión de Macri. “Medidas de esta naturaleza y con esta modalidad no favorecen para nada la construcción de un vínculo de confianza entre nación y provincias. Se vuelven a cercenar en forma unilateral los fondos coparticipables que les corresponden a las provincias”, afirmó en un comunicado la administración que conduce Alberto Weretilnek. “No es la idea de federalismo que necesitamos para nuestro país”, destacó. E informó que “previendo esta eventual circunstancia, el gobierno de Río Negro inició en la última semana de diciembre ante la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra el Estado nacional, solicitando se abstenga de retener el 15 por ciento de la coparticipación federal”.