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Alfonso Prat-Gay dijo el 5 de noviembre, en campaña electoral, que una devaluación no provocaría grandes costos en materia inflacionaria porque en la práctica la economía se manejaba con la cotización de otros tipos de cambio, como el contado con liquidación o el blue. “Con nuestra propuesta, que será coherente con un programa económico, lo que va a suceder es que subirá el dólar oficial, que prácticamente no afecta a nadie, y van a bajar los otros, que afectan a la gran mayoría de la población”, afirmó. “El dólar a 9,50 no existe”, aseguraba más desafiante el propio Mauricio Macri. Las advertencias sobre los riesgos de ocasionar una estampida de precios al mover el dólar de 9,65 a 15 pesos, como estimaba el candidato en aquel momento, eran descartadas, y quienes las hacían eran tratados de ignorantes. “Es algo que Daniel Scioli no entiende”, apuntaba por ejemplo Prat-Gay.

El ahora ministro de Hacienda y Finanzas cumplió la primera parte de su promesa. Empezó a delinear un programa económico que arrancó con la eliminación de las restricciones a la compra de divisas y la consecuente devaluación. Las principales medidas en el primer mes de gobierno ubican a los sectores financieros y agroexportadores como privilegiados, elevando sus márgenes de rentabilidad por distintas vías. A los primeros, por ejemplo, con la suba de las tasas de interés, la eliminación de la obligación de compensar a los ahorristas por ese aumento del costo del dinero, la generación de incentivos para la llegada de capitales golondrina y la emisión creciente de deuda pública. Para el agro, la devaluación, la quita y rebaja de retenciones y la supresión de cupos a la exportación significan una transferencia de miles de millones de pesos.

Lo que no ocurrió fue la segunda parte de la consigna, que el incremento del dólar no tendría impacto sobre precios. Por el contrario, desde que Prat-Gay anticipó la devaluación a principios de noviembre se produjo una disparada inflacionaria, de acuerdo con las mediciones de la totalidad de las consultoras privadas, mientras que el Indec eligió justamente ese momento para discontinuar la publicación oficial. El índice Congreso también desapareció como referencia, pero pese a ello es claro que en el último bimestre de 2015 la suba de precios triplicó el ritmo que traía hasta entonces. Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esa situación, que significa un golpe al poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores de ingresos fijos, Prat-Gay se desentendió ayer de las consecuencias de sus decisiones y le cargó la cuenta al gobierno anterior.

Ahora resulta que el dólar de 9,65 existía, pero era “ficticio”, por lo cual “el sinceramiento” es parte de “la herencia”. El ministro no hizo ninguna referencia a que antes sostenía que el dólar oficial “no afecta a nadie” y que por lo tanto su incremento no impactaría en los precios. Ayer consideró lógico lo contrario, que se hubiera producido un alza de la inflación, pero se congratuló de que lo peor haya quedado atrás. La nueva promesa es que la inflación terminará el año en un rango de entre 20 y 25 por ciento, y en función de ello reclamó a los gremios que moderen sus pretensiones en paritarias. Sería la forma de completar la gigantesca transferencia de ingresos desde sectores trabajadores a banqueros y ruralistas que supone el nuevo “programa económico coherente”. La redistribución regresiva de la riqueza, que empezó con la devaluación, es la verdadera herencia de Prat-Gay.