La Asamblea Nacional francesa aprobó la “ley de final de la vida”, que permite la “sedación profunda y continua” para enfermos terminales que así lo soliciten, pero prohíbe la ayuda activa para morir, tanto sea mediante suicidio asistido o eutanasia. La norma, que fue resultado del consenso entre el oficialista Partido Socialista y los conservadores, y recibió tratamiento en foros nacionales desde 2012, ahora debe ser debatida en el Senado. La iniciativa –que fue promesa de campaña del actual presidente, François Hollande– estipula que los médicos estarán obligados a retirar medicamentos, hidratación y alimentación y aplicar esa sedación a los pacientes que padezcan una “afección grave e incurable”, tengan “pronóstico vital comprometido” y vivan un “sufrimiento que resiste a los tratamientos”.

El avance del proyecto de ley reavivó el debate en la sociedad civil. Por un lado, la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad denunció la “falta de ambición de los parlamentarios” porque “no representa ningún avance real para los pacientes en fin de vida ni para sus familias”. En cambio, la ONG Aliviar pero no Matar criticó el texto por considerarlo ambiguo, al no indicar explícitamente que la sedación no implica “provocar la muerte”. Partidos con representación parlamentaria como los radicales de izquierda y los ecologistas pidieron una ley de asistencia activa para morir. De acuerdo con un relevamiento realizado en marzo del año pasado por BVA Orange y dado a conocer por la cadena iTélé, el 96 por ciento de la población apoya el proyecto de ley. Durante su campaña electoral, Hollande se comprometió a impulsar la legalización de “una asistencia medicalizada para terminar la vida desde la dignidad”.

En Francia, existe ya una ley que garantiza el derecho a evitar el encarnizamiento terapéutico ya está contemplado legalmente, pero esta nueva norma busca asegurar que se aplique de manera “general y homogénea” en todos los centros médicos del país. Además, será el paciente quien tenga la última palabra acerca de la sedación; deberá hacerla constar por escrito, y su médico no tendrá posibilidad de apelar esa voluntad. En caso de que no pueda expresarla, la decisión recaerá en una persona a quien haya designado previamente y por escrito; esa designación no vencerá con el tiempo y lo que esa persona decida tendrá preminencia por sobre cualquier otra opinión. De acuerdo con el marco legal actual, quien tiene la última palabra acerca de la sedación profunda es el médico tratante.

Este proyecto de ley es el sucesor de otras normas aprobadas, sucesivamente, en 1999, 2002 y 2005. Su texto es resultado del consenso obtenido por el diputado socialista Alain Claeys y su par conservador Jean Leonetti, que definió la norma como la posibilidad de acceder al “dormir antes de morir para no sufrir”. Para Leonetti, además, la nueva ley evita “el enfrentamiento brutal entre la derecha y la izquierda, al mismo tiempo que un debate caricaturesco entre la moral y el progreso”. Cardiólogo de profesión y autor de la ley de 2005, Leonetti aseguró que la “cultura paliativa”, en referencia a los cuidados que se brindan a enfermos terminales, ya se desarrolló pero que “el mal morir continúa (sucediendo) en Francia”. Por su parte, Claeys evaluó que esta ley podría servir como un puente y una avance hacia una ley de eutanasia. “Antes de abrir otras etapas, seamos modestos: intentemos aplicar” esta ley y “hacerla conocer”, declaró el legislador.

La ministra de Salud, Marisol Touraine, declaró que la iniciativa marca “un avance histórico que pone la enfermedad en el corazón de la decisión”.