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Por primera vez en casi dos décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicará a partir del martes una sesión especial para debatir sobre las políticas de drogas y el narcotráfico. Será un momento crucial para revisar y reformar el paradigma represivo, que viene demostrado su fracaso rotundo, con consecuencias graves sobre la salud y la vida de tantísimas personas y comunidades alrededor del mundo, y particularmente en América latina. En la previa del debate internacional, líderes del mundo, de distintos ámbitos, se pronunciaron para pedir cambios y un nuevo régimen de control “basado en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos”, en lugar de “la criminalización y el castigo”. En la misma línea, una de las revistas médicas más prestigiosas, The Lancet, dedicó su editorial y un extenso artículo al tema y exhortó a que sea abordado como un problema de salud pública, dando cuenta, con evidencia científica, de que el enfoque punitivo ha terminado causando más daño, violencia y muertes que las sustancias ilícitas en sí mismas.

La sesión especial, que se extenderá por tres días, fue convocada respondiendo el llamado que en octubre de 2012 hicieron los presidentes de Colombia, México y Guatemala, a las Naciones Unidas para evaluar los alcances y limitaciones de la política vigente. En esa ocasión los mandatarios instaron a analizar todas las opciones disponibles con el fin de establecer un nuevo paradigma. Como insumo, en Viena, donde está la Comisión de Estupefacientes compuesta por 53 países, se preparó un documento que teóricamente debía identificar de manera concreta y práctica la manera de abordar los desafíos del problema de las drogas. Ese documento será la base del debate. En una entrevista de Página/12, en Nueva York, el consultor internacional colombiano en temas de seguridad y política criminal Juan Carlos Garzón, coordinador del proyecto “Crimen Organizado y Economías Criminales”, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, explicó los alcances de la cumbre y qué reformas se pueden esperar.

–¿Cambiará algo? –le preguntó este diario.

–Sí habrá algunos cambios. Destaco los que considero más importantes: Primero, la inclusión de la “flexibilidad” para diseñar y desarrollar las políticas de drogas, de acuerdo a las necesidades de cada país. Con esto se termina la política de la “talla única” para todos. Esto abrirá espacios para la innovación aunque probablemente hará más evidente los problemas de cohesión del actual sistema. Segundo, es posible que tengamos una redefinición de la meta de “un mundo libre de drogas” –acordada por los países en 1998–, a “una sociedad libre del abuso de drogas”. Para el lector desprevenido podrían parecer lo mismo. Sin embargo el hecho de enfatizar en el abuso, y no en el uso general de drogas, implica una localización y aceptar que la verdadera preocupación es el uso problemático de las drogas. Tercero, tenemos una inclusión moderada de un nuevo lenguaje. Las políticas de drogas ya no se podrán analizar de manera aislada sino en función del cumplimiento de los compromisos de los derechos humanos y también en la agenda del desarrollo. Esto se complementa con un mayor protagonismo por parte de otras agencias de Naciones Unidas lo cual podría impactar de manera positiva en un enfoque más equilibrado. Nada de esto sucederá de un día para otro, este es el principio del fin de la guerra contra las drogas, que avanzará con ritmos distintos en los países y que tomará tiempo. En algunos países seguiremos viendo el énfasis en la represión a pesar de los pocos avances, los enormes costos y los fracasos. En otros países veremos nuevas aproximaciones, más cercanas a la regulación.

–¿Qué países lideran la posición de mantener el paradigma vigente de la guerra contra las drogas?

–Los países que más fuertemente insisten en mantener la política actual, y que tienen una importante capacidad de influencia son China y Rusia, acompañados por algunos países asiáticos y también de Europa oriental. En Sudamérica la perspectiva más conservadora la ha tenido Perú.

–¿Cuáles impulsan el cambio de paradigma?

–Las voces más activas en el ámbito internacional han provenido de Colombia y México. También es importante destacar la insistencia de Uruguay y Costa Rica en el tema de derechos humanos. En la última Comisión de Estupefacientes en Viena, Suiza tuvo un papel muy activo. Además hay países que vienen apostando a un cambio como Portugal y República Checa, entre otros.

–¿Qué posición tuvo la Argentina en Viena?

–Argentina ha tenido un bajo perfil, participando en los debates, sin una voz fuerte. Esto es entendible por el momento de transición política, con la elección del nuevo Presidente. Luego de la salida de Juan Carlos Molina de la Sedronar, cuando la Argentina tuvo una posición crítica que abogaba por el cambio, el país ha pasado desapercibido en el debate actual.

–¿Cuáles son las principales evidencias del fracaso de la guerra contra las drogas?

–Ha fracasado porque privilegió un enfoque represivo que, lejos de alcanzar los objetivos propuestos, resultó más costoso y perjudicial que el problema que buscaba solucionar. La producción y el consumo de drogas en términos globales no solo no han tenido cambios significativos sino que además en algunas regiones y países se han agravado. Solo para dar un ejemplo, en Colombia, un país que aplicó al pie de la letra ese enfoque, el uso de drogas ha aumentado, la edad de inicio también y el mercado local ha ido en crecimiento. Además, la producción de drogas se ha incrementado y cada día nuevas sustancias están disponibles. En América latina, esta guerra no fue una metáfora y ha tenido importantes costos en términos de violencia, violaciones a los derechos humanos y la incapacidad de los Estados de proteger a sus ciudadanos. La combinación de medidas represivas con instituciones débiles ha sido explosiva. Hoy la región que concentra algo más del 8 por ciento de la población mundial tiene más del 30 por ciento de los homicidios a nivel global.

–Paradójicamente, el relato de que los problemas de inseguridad se deben al narcotráfico ha prendido tanto en la opinión pública que fue uno de los temas centrales de la última campaña electoral en Argentina...

–Esta narrativa es fácil de transmitir y orientar las responsabilidades a la existencia del mercado ilegal de drogas, restándole importancia a otro conjunto de factores que influyen en la violencia y el crimen, dentro de los cuales se encuentra la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. La política represiva es una manera de lidiar con la seguridad en las zonas marginales, estigmatizando amplios sectores de la población, en su mayoría jóvenes pobres. El miedo moviliza apoyos y le da espacios de intervención al Estado. No digo que el crimen organizado y el narcotráfico no sean una amenaza real, pero las verdaderas explicaciones hay que buscarlas en los débiles sistemas de justicia que concentran sus limitados recursos en eslabones más débiles.

–¿A quiénes beneficia el paradigma de la guerra contra las drogas? ¿Quiénes ganan?

–A los narcotraficantes y quienes sacan provecho del mercado ilegal de las drogas, empresarios y políticos, cuyas ganancias provienen justamente de la prohibición. Son los criminales quienes regulan el mercado, deciden sobre los precios, la calidad de los productos y la forma de acceder a las drogas. Se benefician quienes lavan activos, no solo en los países en desarrollo sino en los grandes centros financieros, fuerzas policiales que reciben recursos para aplicar las medidas represivas, funcionarios públicos corruptos que garanticen la impunidad de los traficantes y la burocracia creada para “luchar” contra las drogas.

¿Cuál es el problema de las drogas? Garzón, que es además investigador del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington DC y de las Fundación Ideas para la Paz, de Colombia, lo pone en números: de los 264 millones de usuarios de drogas ilícita, que se estima hay en el mundo, se calcula que 27 millones tienen un consumo problemático, es decir, que el problema se reduce a poco más de la mitad de la población de la Argentina. Sin embargo, el gasto mundial en represión ronda los 100 billones de dólares, y al mismo tiempo, solo una de cada 6 personas que tienen un uso problemático de las drogas ilícitas tienen acceso sanitario.