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América latina tiene un rol clave en la discusión que comenzará el martes en la sede de la ONU, en Nueva York. Colombia, Uruguay y Guatemala han expresado su rechazo a las políticas vigentes, y promovido discusiones en foros internacionales con perspectivas alternativas a la represiva. Justamente los altos niveles de violencia vinculados a los procesos de producción, procesamiento y venta de estupefacientes, en México, países centroamericanos y del Caribe y de la región andina han sido el principal motivo para adelantar esta cumbre prevista originalmente para 2019. Solo en México, la “guerra contra las drogas” ha generado más de 70 mil asesinatos y las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos contra las fuerzas armadas se han incrementado notablemente desde que el presidente Felipe Calderón, en 2006, ordenara una ofensiva militar contra los cárteles de droga: en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se recibieron más de 5000 denuncias de torturas y malos tratos, se han contabilizado más de 22 mil desaparecidos, y más de 280 mil desplazados. Países europeos como Portugal, Suiza, Países Bajos, República Checa y Noruega han empezado a implementar otras recetas para enfrentar los problemas vinculados a las drogas como la reglamentación de la tenencia, la discriminalización del consumo y la autorización del uso medicinal del cannabis.

Las leyes de mano dura han tenido un impacto particular sobre las mujeres pobres, con baja educación, que se vinculan al mercado de drogas en su eslabón más bajo –como correos humanos o en la venta al menudeo–: su encarcelamiento creció exponencialmente en varios países de la región en los últimos años, como Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, donde representan más del 60 por ciento del total de la población carcelaria femenina. En su mayoría, son madres solteras. En Argentina, la cantidad de mujeres presas por delitos de drogas aumentó 271 por ciento entre 1989 y 2008, como consecuencia de la aplicación de penas desproporcionadas.

Otra consecuencia del endurecimiento de las leyes ha sido la persecución penal a consumidores, con sobrepoblación de cárceles y un marcado sesgo racista en las detenciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1990 y 2010 los encarcelamientos vinculados a infracciones a la ley de drogas aumentaron un 53 por ciento y aquellos relacionados con la marihuana crecieron 188 por ciento. Entre 2001 y 2010 hubo más de 8 millones de arrestos por marihuana, de los cuales el 88 por ciento fueron por posesión. Pero fueron muy superiores las detenciones entre las personas de ascendencia africana, donde hubo 716 arrestos cada 100 mil habitantes, mientras que entre los blancos la cifra fue de 192 cada 100.000, aunque las tasas de consumo de esa droga son similares entre ambas poblaciones. En otros países, entre ellos Tailandia, Brasil, e Irán, entre el 25 y el 50 por ciento de todos los presos han sido condenados por delitos de drogas.

En la persecución a consumidores se dilapidan los presupuestos policiales. En 2011, en los Estados Unidos una persona fue arrestada por poseer marihuana cada 42 segundos. Nueva York gastó 75 millones de dólares en 2010 para detener y encarcelar a gente con pequeñas cantidades de esa droga.