Los diputados italianos comenzaron a debatir ayer un proyecto de ley de legalización de la producción de cannabis para consumo personal recreativo, una iniciativa que suscita una fuerte polémica en el país y no cuenta con el respaldo del gobierno. El texto sometido a los diputados propone autorizar el cultivo de hasta cinco plantas y la posesión de hasta 15 gramos por vivienda, mientras que la venta entre particulares y su consumo en lugares públicos seguiría estando prohibido.

“El simple hecho de que la ley sobre la legalización de las drogas blandas esté en el orden del día abre un debate que hasta ahora no había habido en este país”, celebró Roberto Giachetti, parlamentario oficialista del Partido Demócrata (PD). Por su parte, Massimiliano Fedriga del partido de derecha Liga Norte le respondió: “El hecho de autorizar a los ciudadanos a drogarse no va a hacer que se olviden de la realidad de la pobreza y del desempleo”.

Esta propuesta de ley también prevé la posibilidad de que el Estado cultive y venda cannabis, a semejanza de la industria del tabaco.

Como varios países europeos o estados de Estados Unidos y países latinoamericanos que dieron el paso en los últimos años, los partidarios de esta iniciativa parten de una constatación: la represión internacional no sirvió para detener la difusión o el consumo del cannabis. Uno de los casos es Uruguay, donde se aprobó una ley que legalizó el autocultivo, los clubes de cannabis y la venta al público de la droga en farmacias, todo previo registro y bajo control estatal.

En su último informe anual, la Dirección Nacional Antimafia italiana (DNA) denunció “el fracaso total de la acción represiva” así como “la imposibilidad absoluta de aumentar los esfuerzos” de represión del consumo. Además, en Italia, donde el cannabis de uso terapéutico es legal, la represión absorbió importantes recursos policiales, judiciales y financieros. La DNA señaló que la despenalización con condiciones del uso de cannabis aligera “la carga judicial y libera recursos disponibles para que las fuerzas del orden y la magistratura puedan luchar contra otras formas de criminalidad”.

La legalización del cannabis podría contribuir a “debilitar” las organizaciones criminales, quitándoles “de 8.000 a 11.000 millones de euros al año”, afirmó en el diario La Repubblica el escritor Roberto Saviano, especialista de la mafia napolitana y autor del libro Gomorra. “Las drogas blandas son una moneda de cambio entre las organizaciones criminales y los terroristas”, insistió.

Pese a ello, la propuesta de ley se enfrenta a la feroz oposición de una parte de los diputados católicos, contrarios a toda apertura relativa a la legalización de esta sustancia. “Nos oponemos totalmente a la legalización, a la idea de transmitir el mensaje de que es posible fumar un porro libremente, sin problemas”, declaró Maurizio Lupi, jefe de Area Popolare (AP), una agrupación de parlamentarios de centroderecha católica. Para este diputado, la despenalización sería nefasta “tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el de la lucha contra la criminalidad”.

Los partidarios de la legalización alegan lo contrario. Según el texto del proyecto de ley, “la experiencia de Estados que han reglamentado la legalización del mercado de la marihuana demuestra que el número de consumidores no ha aumentado, ni tampoco el impacto social o sanitario”, afirman en el texto. De hecho, lo único que ha aumentado son los ingresos fiscales, insisten.

En Europa, la República Checa, Holanda y España decidieron tolerar en distintos grados el consumo personal para uso recreativo, de igual forma que cuatro estados de Estados Unidos, así como la capital, Washington.

El resultado del debate por el momento es incierto: ya se presentaron 1700 enmiendas para ahogar el proyecto, entre ellas 1300 de la AP.