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Por C. R.

La supuesta red de protección que recibía –pago de coimas mediante– el propietario de Cromañón, Omar Chabán, y que hizo posible que el boliche siguiera abierto a pesar de la falta de seguridad de sus instalaciones, tuvo ayer dos nuevos movimientos en el tablero judicial. Por un lado, “con una injustificable demora”, según los familiares de algunas de las 193 víctimas del incendio, el juez Julio Lucini realizó el allanamiento de la comisaría 7ª de la Policía Federal, en Lavalle 2625, del barrio de Once, a más de dos meses de que se conociera la denuncia pública sobre los presuntos pagos por parte de Chabán a oficiales de esa seccional. En el operativo, que se hizo ayer al mediodía, se secuestraron archivos informáticos, libros donde constan los movimientos del personal policial y documentación que podría ayudar a dilucidar el tema. Por otra parte, la Cámara del Crimen le ordenó a Lucini que investigue también una denuncia por supuesta “asociación ilícita” contra varios funcionarios del gobierno porteño que habrían frenado la realización de los controles en el boliche.
“Creo que a esta altura, el procedimiento no tiene sentido. Cuando nosotros fuimos a la comisaría 7ª, pocos días después del hecho, para confirmar que hubo otros casos de incendio y corroborar si se había dado aviso desde allí a los bomberos, no pudimos encontrar nada. ¿Ahora qué pensaban encontrar?”, dijo a Página/12 Ricardo Righi, padre de uno de los chicos que murieron en la tragedia. El abogado Fernando Soto, que representa a familiares de algunas de las víctimas, afirmó por su parte que “no hay dudas de que se pagaban coimas, porque está probado por los elementos aportados por varios testigos”.
El allanamiento se realizó ayer desde las 11.15 y estuvo a cargo de los tres secretarios del juez Lucini, acompañados por personal de Asuntos Internos de la Federal. Una fuente de la investigación dijo que Lucini ordenó el operativo porque consideró que “no fueron suficientes los datos aportados por la comisaría 7ª en un informe solicitado por el juzgado”. A mediados de enero, varios ex empleados de Cromañón le dijeron a este diario que tenían constancias de las coimas y al menos tres de ellos reconocieron, como receptor de los pagos, al subcomisario Carlos Rubén Díaz, que todavía sigue en funciones en la seccional investigada. En la causa debía declarar ayer el jefe de la seccional, comisario Gabriel Sevald, pero el trámite fue postergado para mañana.
Para el mismo día fue citado el comisario Miguel Angel Belay, quien estuvo al frente de la séptima antes de la llegada de Sevald. Los dos podrían también ser imputados por el delito de “cohecho”, igual que el subcomisario Díaz y el empresario Chabán, quien está preso por el delito de homicidio por dolo eventual por las 193 muertes que hubo en la tragedia.
Por otro lado, además de investigar las supuestas coimas, Lucini tiene que tomar la denuncia por “asociación ilícita” que familiares de las víctimas realizaron contra varios ex funcionarios del gobierno porteño. La presentación fue hecha el 21 de marzo pasado por José Iglesias, padre de una de las víctimas. Iglesias solicitó la indagatoria de la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y del subsecretario de Justicia, Marcelo Antuña, a quienes señaló como “jefe” y como “organizador” de la “asociación ilícita” que impedía la realización de controles en el local. Otros imputados son la directora adjunta de Fiscalización y Control, Ana Fernández; el ex director general de esa repartición, Gustavo Torres, y el ex director de Control Comunal, Alejandro Kampelmacher. Lucini había considerado que esa denuncia no tenía relación con la causa, pero la Cámara dijo que sí.