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El Superior Tribunal de Justicia porteño suspendió provisoriamente ayer la citación a la Legislatura a la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, por el incendio en República Cromañón. La Comisión Investigadora de Cromañón había pedido su juicio político junto con el del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Pero el Gobierno objetó esta medida, por considerar que el cargo de síndico no puede ser sometido a juicio político, sino que sólo la puede remover el jefe de Gobierno.
Con su resolución, los jueces Luis Lozano, Alicia Ruiz, José Sáez Capel y Julio Maier hicieron lugar a un recurso del gobierno mientras toman una decisión sobre el fondo de la cuestión, que es el conflicto de poderes.
Para esto, solicitaron documentación tanto al gobierno como a la Legislatura. Sánchez de Bustamante había sido convocada para hacer su descargo el lunes próximo frente a las acusaciones de la Comisión Investigadora de Cromañón, que planteó que debería haber auditado al gobierno sobre el control de los boliches. Además, argumentaron que la funcionaria reconoció en su declaración frente a la comisión que no tenía una estructura idónea para cumplir con las auditorías.
Ayer, el entorno de Ibarra festejó la medida, al considerar que se trata del primer paso para demostrar que el informe de la comisión partió de una decisión política tomada ya antes del inicio de la investigación.